El concepto se centra en la protección del derecho a la intimidad de los consumidores en el contexto de la gestión de cobranza, conforme a la Ley 2300 de 2023. Esta ley establece que las entidades que realicen actividades de cobranza deben contactar a los consumidores únicamente a través de los canales que estos hayan autorizado previamente. Esto implica que cualquier intento de contacto no autorizado vulnera el derecho a la intimidad del consumidor.