El Gobierno Nacional, en colaboración con Estados Unidos, ha logrado un progreso en la gestión de una licencia OFAC que permitirá a Ecopetrol y el Grupo ISA retomar proyectos energéticos estratégicos con Venezuela. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lideró una reunión de alto nivel donde se abordaron aspectos técnicos y regulatorios para rehabilitar la interconexión eléctrica por La Guajira y reanudar la importación de gas natural a través del Gasoducto Antonio Ricaurte. Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad energética de Colombia. Se han evaluado dos escenarios para la reactivación del flujo de gas, que tomarían entre uno y cuatro meses, con la tubería para el tramo colombiano ya dispuesta por PDVSA. La reunión contó con la participación de delegados de ambos gobiernos y Ecopetrol, mostrando el interés regional en estas licencias.

 La Corte Constitucional decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-389 de 2023 al concluir que una parte sustancial del debate sobre igualdad y equidad tributaria frente a la sobretasa a generadoras hidroeléctricas ya había sido analizada y definida, en particular respecto a la validez de fijar cargas diferenciadas según la capacidad contributiva del sector. Por ello, aplicó la cosa juzgada constitucional en ese punto. Asimismo, se inhibió de pronunciarse de fondo sobre el cargo ambiental al considerar que la demanda carecía de suficiencia argumentativa, pues no logró demostrar de manera clara cómo la medida vulneraba la Constitución ecológica o el derecho a un ambiente sano.

El Ministerio de Minas publicó para comentarios un proyecto de resolución para establecer lineamientos transitorios de política pública, buscando implementar tarifas diferenciales en el servicio de energía eléctrica. Esta medida está dirigida a usuarios finales regulados en "áreas especiales" (como zonas rurales de menor desarrollo y barrios subnormales), priorizando los estratos 1 y 2. El objetivo es asegurar un acceso justo y equitativo al servicio, respetando principios constitucionales de igualdad, solidaridad y protección a poblaciones vulnerables, a la vez que se busca mitigar riesgos para la sostenibilidad financiera de los comercializadores que atienden a estas comunidades.

La SSPD participó activamente ante la CREG, en el proceso de actualización del Régimen de Protección de los Derechos y Deberes de los Usuarios, vigente desde hace 29 años. La propuesta, presentada ante la CREG, busca establecer procedimientos claros y protocolos que garanticen el debido proceso, la contradicción y la defensa de los usuarios frente a las empresas prestadoras. Este ajuste responde a un alto volumen de reclamaciones por cobros indebidos, suspensiones injustificadas y fallas en el debido proceso. Entre las medidas clave del proyecto de Resolución 705 011 de 2025, se incluyen procedimientos específicos para la recuperación de consumos, cambio de medidores, visitas de inspección, y un marco regulatorio para la suspensión y reconexión del servicio que prohíbe prácticas abusivas y exige información clara al usuario. También se obliga a separar cobros ajenos al servicio en la factura y se facilita la expedición de facturas provisionales para valores reclamados.

La CREG respondió a una consulta sobre la Resolución CREG 101 011 de 2022. La entidad aclara que los modelos de planta exigidos en el numeral 12.3.3 de dicha normativa no son aplicables a proyectos de autogeneración a gran escala (AGGE) con capacidades instaladas entre 1 MW y 5 MW conectados al Sistema de Distribución Local (SDL). La CREG enfatiza que la resolución aplica explícitamente a "generadores" en ese apartado, y solo a autogeneradores en aspectos que se indiquen de forma específica, lo cual no ocurre con la obligación de entregar modelos de planta para este tipo de AGGE. Esta aclaración despeja dudas sobre los requerimientos técnicos para estos proyectos.