Prensa Jurídica
Para la Sala, la demanda en contra de esta disposición no es apta, no solo porque se dirige en contra de la Sentencia C-055 de 2022 (y no en contra del artículo 122 del Código Penal), sino, además, porque las razones que se aducen no son claras, ciertas, específicas, pertinentes ni suficientes. “En primer lugar, a pesar de que formalmente la demandante cuestiona el contenido del artículo 122 del Código Penal, lo cierto es que materialmente su argumentación se dirige a cuestionar el decisum y los fundamentos de la Sentencia C-055 de 2022”.
“La obligación de inscripción en el registro mercantil únicamente recae sobre aquellas páginas web o sitios de internet cuya actividad sea comercial, financiera o de prestación de servicios, y así mismo éstas tienen la obligación de informar sus operaciones económicas a la DIAN. En este sentido, resulta claro que en tanto una página de Internet no se utilice para la prestación de un servicio o para el desarrollo de una actividad económica, sino que tenga un carácter meramente informativo de tales servicios o actividad, como sería el caso por ejemplo, de una página informativa respecto de los servicios de salud que presta un hospital , dicha página web no tendrá que inscribirse en el registro mercantil que llevan las cámaras de comercio, dado que, como se ha advertido, la prestación del servicio, valga decir, la actividad económica del hospital no se realiza por medio de la mencionada página web”.
“Esta Superintendencia definió que aplica la asimilación de las actividades de regasificación y comercialización de gas importado, a las actividades de transporte y comercialización, respectivamente, en los términos de los artículos 3 y 4 de la Resolución SSPD 20201000057975. A su vez, el artículo 5, establece que los agentes de dichas actividades asimiladas: I) quedarán sometidos a la inspección, vigilancia y control de la SSPD, y II) deberán constituirse como Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, atendiendo lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. La obligación de los agentes que desarrollen las actividades asimiladas de regasificación y comercialización de gas importado de constituirse como empresa de servicios públicos domiciliarios, deviene de la facultad conferida a esta Superintendencia por el parágrafo del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, el cual fue adicionado por el artículo 17 de la Ley 1955 de 2019”.
La Superservicios es superior funcional de los prestadores de servicios públicos y por tal razón actúa en segunda instancia frente a los reclamos de los usuarios a través de los recursos de apelación y queja. Esto obedece al hecho que: (I) son los prestadores quienes hacen la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y (II) por el hecho que la Ley 142 de 1994 otorgó a los prestadores las facultades de autoridad administrativa en el marco de las reclamaciones y actuaciones que se generan en la prestación de estos servicios. De acuerdo a lo expuesto en las consideraciones del presente concepto y atendiendo lo previsto en el numeral 3 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya rechazado el recurso. Bajo este entendido, siendo la Superservicios el superior jerárquico de los prestadores de servicios públicos, esta tiene la competencia como superior funcional para resolver el recurso de queja que presenten los usuarios ante el rechazo del recurso de apelación.
“Cuando a un usuario se le ha facturado con un estrato superior al que legítimamente le corresponde, a dicho usuario se le deberá reconocer el mayor valor en la siguiente facturación. De conformidad con el inciso primero del parágrafo 1 del artículo 10 de la Ley 505 de 1999, los prestadores de servicios públicos domiciliaros están obligados a reconocer el mayor valor pagado por los usuarios, cuando quiera que hayan aplicado de manera incorrecta los decretos de adopción de la estratificación y le hayan facturado a un usuario en un estrato superior al que a este le correspondería. En estos casos de incorrecta aplicación de tales decretos, la ley impone al prestador la obligación de modificar el estrato por haber incurrido en un error de derecho. De igual forma, el parágrafo primero de la citada norma dispone, que “cuando se facture a un usuario en estrato superior al que le corresponde, se reconocerá el mayor valor en la siguiente facturación. Cuando la facturación al usuario se haga en un estrato inferior al que le corresponde no se cobrará el valor adicional”, lo que significa que los prestadores de servicios públicos domiciliarios están obligados a devolver en la siguiente facturación los mayores valores cobrados, es decir, que la norma prevé la obligación del prestador de efectuar de manera oficiosa e inmediata, tanto la corrección del estrato, como la devolución del mayor valor cobrado”.
Consideraciones de la SSPD sobre el Código Interno de Identificación del Contrato o del usuario “NIC”
“El código interno de identificación del contrato o del usuario “NIC”, es asignado por el prestador en ejercicio de su autonomía administrativa, y se asigna con ocasión de la suscripción del contrato de servicios públicos, por lo que en el evento en el que el suscriptor y/o usuario requiera la cancelación del mismo, tendrá que solicitar la terminación del contrato en los términos establecidos por la Ley 142 de 1994 y por la regulación del servicio de que se trate. Sin embargo, no es dable a esta Superintendencia intervenir en la asignación y cancelación del “NIC” y mucho menos determinar los efectos retroactivos de su cancelación, pues como ha sido mencionado, es un asunto de exclusiva competencia del prestador del servicio”.
“El numeral 8.2.1 del Anexo 8 de la Resolución CREG 071 de 2006, exige que cuando hay una desconexión verificable de DDVV, esta debe ser incluida en el cálculo del CERE, razón por la cual, el numeral 8.2.2 de este anexo, establece que al generador respaldado por dicha DDV que efectivamente presentó una cantidad de desconexión, el generador tenga la obligación de asumir el cobro del CERE por dicha cantidad. En ese orden de ideas, identificamos que es explícita la aplicación de los cálculos establecidos en los numerales del Anexo 8 de la Resolución CREG 071 de 2006”.
CREG explicó el régimen normativo que aplica a la garantía por la construcción y puesta en operación de plantas
“Si el interesado en la conexión de un proyecto de generación debió constituir otra garantía que cubre la entrada en operación del proyecto, cuyo valor supera el de la garantía para reserva de capacidad de la Resolución CREG 075 de 2021 que ya había constituido, esta última garantía le será devuelta por el ASIC. En la situación anterior, esta Comisión entiende que la construcción y entrada en operación del proyecto quedan cubiertas con la garantía que se mantenga respaldándolo y que a dicha garantía le aplicarán las condiciones propias, es decir, las disposiciones establecidas en la resolución que haya establecido el otorgamiento de dicha garantía. Debe tenerse en cuenta que, dentro de las condiciones propias de cada garantía, se encuentran las reglas para su actualización y ejecución”.