El Ministerio del Trabajo adoptó medidas de depuración de sus lineamientos administrativos y derogó o dejó sin efectos 11 circulares expedidas entre 2025 y 2026. La decisión busca depurar instrumentos que contenían orientaciones, procedimientos y criterios sobre diversas materias laborales, precisando el alcance jurídico de estas directrices y evitando que circulares administrativas creen obligaciones o procedimientos sin fundamento normativo.

Circulares derogadas y temas

Con el cierre del Gobierno de Gustavo Petro, estas son las últimas normas firmadas y publicadas durante los dos últimos días de su mandato. El paquete regulatorio concentra medidas en los sectores medio ambiente, minas y servicios públicos domiciliarios, con disposiciones sobre cambio climático, mercados de carbono, protección de ecosistemas, pequeña minería, agua, saneamiento y medidores de energía prepago. También incluye normas de infraestructura, contratación pública, asuntos laborales, transporte y sector financiero, que introducen ajustes en regulación técnica, desarrollo territorial, mano de obra local y movilidad.

La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional ordenó acciones urgentes y compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, debido al bajo nivel de cumplimiento de las órdenes encaminadas a garantizar el acceso a agua potable para la niñez Wayuu. La decisión se fundamentó en el incumplimiento reiterado de los municipios de Maicao, Manaure y Uribia en la caracterización de la población infantil, así como en la falta de cumplimiento de Corpoguajira frente a la entrega del estudio sobre minería y agua, y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio respecto de las medidas ordenadas para garantizar el suministro del recurso. La Sala advirtió que no existen avances verificables en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, y rechazó cualquier reducción del estándar mínimo establecido de 20 litros diarios por persona. Descargar Auto/ Comunicado de prensa

El Gobierno nacional expidió el Decreto 383 de 2026, mediante el cual modifica disposiciones del régimen de función pública para avanzar en la formalización del empleo estatal. La norma ajusta el funcionamiento de la llamada “Mesa por el Empleo Público”, instancia encargada de identificar entidades con alta contratación por prestación de servicios y definir estrategias para fortalecer las plantas de personal. En línea con acuerdos suscritos con organizaciones sindicales, el decreto promueve la reducción progresiva de este tipo de contratos, con una meta de disminución del 30%, sujeta a la disponibilidad presupuestal. Asimismo, amplía la participación de los trabajadores en esta instancia, elevando a diez el número de representantes sindicales. La medida busca racionalizar el gasto público, mejorar las condiciones laborales y garantizar empleo digno en el Estado. Descargar decreto 383-2026

El Gobierno actualizó las reglas para el ordenamiento territorial en Colombia y define un nuevo procedimiento para la expedición de las llamadas “determinantes”, normas de superior jerarquía que orientan el uso del suelo en municipios y distritos. La medida busca mejorar la coordinación entre entidades nacionales y territoriales, garantizando que las decisiones sobre el territorio se adopten de manera articulada, con criterios técnicos, jurídicos y geoespaciales claros. Descargar decreto 381-2026

El Gobierno reformó la forma en que los trabajadores independientes calculan sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Esta modificación del artículo 3.2.7.5 del Decreto 780 de 2016 responde a la declaración de inexequibilidad, por parte de la Corte Constitucional, del esquema de presunción de costos anterior y busca ajustar estas reglas a la realidad económica del país, incluyendo la inflación y los cambios en el mercado laboral. Ahora, los trabajadores independientes, ya sean por cuenta propia o con contratos que impliquen subcontratación o compra de insumos, podrán determinar sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral descontando los costos asociados a su actividad económica según el Estatuto Tributario o aplicando un esquema de presunción de costos que la UGPP expedirá o actualizará mediante resolución. La UGPP podrá exigir soportes de estos costos y, si no se presentan, aplicará su propio coeficiente determinado. Este cambio asegura un marco legal actualizado y más acorde con las condiciones económicas actuales. Descargar decreto 379-2026

El Gobierno reglamentó las reglas aplicables a la autogeneración y producción marginal de energía en Colombia, especialmente en los casos en que no se entregan excedentes a la red eléctrica. La norma modifica el Decreto 1073 de 2015 y aclara que, si bien se mantiene la eliminación de autorizaciones previas para la conexión de estos sistemas —medida introducida en 2024 para facilitar su desarrollo—, ello no exime a los autogeneradores del cumplimiento de los reglamentos técnicos ni de la obligación de informar formalmente a los operadores de red sobre la instalación y sus características.

Descargar decreto 376-2026

El Gobierno reglamentó el Fondo Único de Soluciones Energéticas (FONENERGÍA), una iniciativa para transformar el acceso y la calidad del servicio energético en Colombia. Administrado por el Ministerio de Minas, este fondo unifica recursos de antiguos fondos como FAER, FAZNI, PRONE y FECFGN. Su objetivo es coordinar y financiar planes para mejorar la calidad del servicio, expandir la cobertura de electricidad y gas combustible, y normalizar redes, todo bajo criterios de sostenibilidad ambiental y progreso social. FONENERGÍA busca asegurar una prestación eficiente, con especial énfasis en hogares de estratos 1, 2 y 3, así como atender emergencias en Zonas No Interconectadas e impulsar soluciones con Fuentes No Convencionales de Energía. Un paso crucial para garantizar servicios públicos esenciales para todos los habitantes del territorio nacional. Descargar decreto 375-2026