El Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 1705 de 2024, mediante la cual adopta los términos de referencia para la elaboración de los estudios técnicos requeridos en las solicitudes de sustracción de áreas de reserva forestal, tanto del orden nacional como regional. La norma busca unificar criterios y estandarizar la información que deben presentar los interesados cuando pretendan desarrollar proyectos declarados por ley de utilidad pública o interés social en estas zonas. Con esta medida, la cartera ambiental pretende fortalecer la evaluación técnica y garantizar decisiones más rigurosas sobre el uso excepcional de áreas protegidas, equilibrando la conservación ambiental con la ejecución de proyectos estratégicos. Descargue MinAmbiente resolución 1705-2024 y los términos de referencia

El Gobierno expidió una nueva batería de decretos para enfrentar los efectos del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en febrero de 2026 en varios departamentos del país. Las medidas incluyen disposiciones tributarias, ajustes al Presupuesto General de la Nación, apoyos financieros para unidades productivas afectadas y acciones especiales en servicios públicos como gas y energía eléctrica. Asimismo, se otorgan facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes para adoptar decisiones fiscales y presupuestales en los territorios impactados, y se asignan recursos y competencias a entidades como el Departamento para la Prosperidad Social con el fin de atender la crisis generada por el frente frío y mitigar sus efectos sociales y económicos.

La Corte Constitucional estudió demandas contra el Decreto 1275 de 2024 (sobre competencias ambientales indígenas) y se pronunció sobre cuatro cargos, incluyendo afectaciones al debido proceso, acceso a la justicia de terceros y la autonomía de las CAR. La Corte declaró INEXEQUIBLE la expresión “en los casos en los que se supere el ámbito de aplicación del presente Decreto y concurran competencias ambientales” contenida en el artículo 5. Esta decisión se tomó porque limitar la activación de los principios de coordinación y concurrencia solo a los territorios que superaban el ámbito del decreto implicaba que estos principios no operarían dentro de los territorios indígenas. Esto fue considerado incompatible con el modelo de gestión ambiental participativa, concurrente y articulada que rige en el ordenamiento jurídico, y buscó garantizar el régimen de autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y fortalecer los principios de complementariedad y coordinación en materia ambiental. Adicionalmente, se condicionaron los artículos 5 y 6 para asegurar que terceros afectados por decisiones indígenas ambientales puedan acudir a mecanismos judiciales ordinarios. Descargar texto

La SIC explicó que las visitas administrativas son diligencias que se realizan para verificar el cumplimiento de la ley en materia de libre competencia económica por parte de las empresas. Estas visitas se llevan a cabo en una etapa preliminar, antes de una investigación formal, con el objetivo de recolectar información útil sobre el funcionamiento de los mercados y detectar posibles infracciones a la competencia. Los funcionarios de la delegatura de Protección de la Competencia son quienes realizan estas visitas, aprovechando su experiencia para identificar evidencias del cumplimiento de la normativa. Durante el proceso, se garantiza la confidencialidad de la información recopilada.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha ofrecido una serie de talleres gratuitos destinados a empoderar a las personas, emprendedores y empresas en el conocimiento de sus derechos y responsabilidades. Estos talleres incluyen un enfoque en la metrología legal, donde se abordan los fundamentos y la importancia de las mediciones precisas en la vida cotidiana. También se tratará la protección de datos personales en plataformas digitales, enseñando a los participantes sobre sus derechos y cómo manejar su información de forma segura. Otro tema destacado es la protección del consumidor en el comercio electrónico, brindando herramientas para realizar compras seguras y ejercer derechos en transacciones en línea. Además, se realizará un Taller de Registro de Marca (el 26 de marzo) que enseñará a los asistentes sobre el proceso de registro, incluyendo búsquedas de antecedentes y clasificación de productos o servicios, asegurando así un registro eficiente y exitoso de sus marcas.

Descargar texto

El fallo emitido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, aborda un caso de infracción de derechos de autor. Un fotógrafo profesional demandó al diario El Colombiano por el uso no autorizado de su obra fotográfica en su sitio web, donde no se le acreditó como autor. Se determinó que la demandada (El Colombiano) vulneró tanto los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública como el derecho moral de paternidad del fotógrafo. El fallo subraya que la falta de autorización para utilizar la obra constituye una violación evidente, respaldada por la presentación de constancias que confirmaban la comunicación del uso indebido.

La Interpretación Prejudicial 236-IP-, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, responde a una solicitud de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Colombia. Esta solicitud se formula en el contexto de un expediente interno sobre la cancelación de la inscripción mercantil de un negocio y la indemnización por daños debido a infracción a derechos de propiedad industrial. La interpretación se centra en los literales a) y f) del artículo 241 de la Decisión 486, que regula las medidas que la autoridad nacional competente puede adoptar contra las infracciones de propiedad industrial. Estas medidas incluyen el cese de actos infractores y la adopción de acciones para evitar la continuación de estas infracciones, como la destrucción de productos involucrados o el cierre del establecimiento infractor.

El documento presenta los programas de formación ofrecidos por la OMPI en el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual (PI) que se celebrará el 26 de abril de 2025. Se brindan herramientas gratuitas para que músicos y creadores comprendan y gestionen sus derechos de PI. La plataforma Creators Learn Intellectual Property (CLIP) permite a los creadores conocer y maximizar la protección de sus obras. También se menciona el consorcio de la OMPI con la Music Rights Awareness Foundation para fortalecer la red de apoyo a las industrias creativas. Además, se ofrece una variedad de cursos sobre derecho de autor y la industria musical a través de la Academia de la OMPI. Se invita a jóvenes creadores a participar en un concurso de video reflexionando sobre la relación entre música, PI y creatividad, con la posibilidad de ganar premios. La importancia de los derechos de autor y conexos en la protección y valoración de las obras musicales es destacada a lo largo del material.

Descargar texto