“El Consejo de Estado revocó el auto por el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia había rechazado una demanda que interpuso Empresas Públicas de Medellín (EPM) contra la sanción ambiental de más de 5.500 millones de pesos que se le impuso a la sociedad

“Si bien el artículo 306 del Código de Minas encomendó a los alcaldes la responsabilidad de suspender la explotación de minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, las previsiones del artículo 6 de la Constitución Política obligan al municipio a no extralimitarse en tal ejercicio,

 La Corporación “decretó como medida cautelar de urgencia, la suspensión de los efectos de los artículos 2, 4 y 12, en lo que respecta a las especies Andinobates fulguritus, Andinobates bombetes, Oophaga histriónica, Chlorochrysa nitidissima, Rupicola peruvianus y que fueron

La Sala advirtió que “tal como lo precisó el a quo, la irregularidad que la parte accionante encuentra de la indebida aplicación de la norma procesal, no se invocó dentro del proceso ordinario. Con todo, el tribunal accionado, en el auto de 11 de noviembre de 2021, advirtió lo

“Las corporaciones autónomas regionales tienen competencias definidas en la gestión del riesgo. Las órdenes impartidas por el a quo a devimed resultan procedentes en atención a la naturaleza preventiva de la acción popular. los particulares accionados Contribuyeron

La Sala advirtió que la falta de sistemas de comunicación, evaluación y seguimiento de los diferentes instrumentos de gestión minero-ambiental, es una de las causas directas de la transgresión de los derechos colectivos amparados por la autoridad judicial que resolvió. “Los

Para la Sala es claro, por un lado, que “la SIC aplicó correctamente el artículo 45 de la Decisión 486 al informar, mediante el referido oficio 8166 de 20 de junio de 2008, los problemas detectados en la solicitud y la ausencia de patentabilidad de la invención presentada; después

“Ni la ley ni sus decretos reglamentarios establecen como requisito para la conexión a los servicios públicos domiciliarios por primera vez, que un predio deba contar con la mentada acta de recibo de obra. En este contexto, en los términos del artículo 84 de la Constitución

“En el presente asunto se solicitó que se declare la ilegalidad de la totalidad del Decreto 2424 de 2006, “Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público”. En ese orden, se observa que existe similitud parcial de objeto entre el proceso 2016 00036 y el

La Sección Primera del Consejo de Estado analizó la modificación de una licencia ambiental  otorgada por Corporinoquia.  “La entidad demandada consideró que en el presente caso no se encuentra  debidamente integrado el litisconsorcio necesario por pasiva, toda vez que no