El Fallo del Consejo de Estado ordena acumular el expediente 11001-03-15-000-2020-02535-00 al radicado 11001-03-15-000-2020-02536-00, que tienen que ver con la suspensión de los términos de los procesos administrativos disciplinarios y de cobro coactivo, y de algunos trámites del Viceministerio de Transporte con ocasión de la declaratoria de emergencia económica social y ecológica por causa del coronavirus COVID-19.
El Conejo de Estado decide no avocar conocimiento de control inmediato de legalidad de la Resolución 2020-0512 del 18 de marzo de 2020, dictada por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en la cual se adopta complementan las medidas con carácter temporal para atender la contingencia generada por el COVID-19.
El objeto de la presente ley es modificar o adicionar los decretos legislativos expedidos por el gobierno nacional en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por el COVID-19, mediante los Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y el 637 del 6 de mayo de 2020, a fin de fortalecer las medidas adoptadas para mitigar los efectos causados por la crisis de la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional y extender algunos de sus efectos a la nueva realidad que afrontará el país una vez se supere esta crisis.
El Consejo de Estado no Admite control inmediato de legalidad del contrato celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Codensa S.A. E.S.P., cuyo objeto, en términos generales, hizo referencia al “suministro e instalación de materiales y equipos para la ampliación de carga de la red de energía eléctrica para el cementerio distrital del sur de Bogotá D.C.”.
Consejo de Estado avoca el conocimiento del control inmediato de legalidad de la Resolución n.º 130 del 22 de mayo de 2020, proferida por el Director General de CORMAGDALENA en la que se prorrogó la suspensión de términos procesales en los procedimientos administrativos de jurisdicción coactiva y los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales que cursan en CORMAGDALENA.
El objeto del proyecto de acto legislativo, es establecer el deber que tiene el Estado de proteger y promover el derecho a la vivienda digna de todos los ciudadanos, incluyendo el derecho al alojamiento si la vida o la salud corren peligro sin él. Por otro lado, se propone que el déficit habitacional se incluya dentro de la agenda de salud pública.
El Consejo de Estado aprobó la acumulación de los actos que tratan sobre la suspensión de términos de las actuaciones administrativas en la Superintendencia de la Economía Solidaria. En consecuencia, por Secretaría, REMÍTASE este proceso al Despacho del Consejero de Estado Carmelo Perdomo Cuéter para que se estudie su posible acumulación con el expediente con radicado n°. 11001-03-15-000-2020-02098-00
Consejo de Estado avoca conocimiento inmediato de legalidad de la Resolución Nº. 000056 “Por medio de la cual se da continuidad a medidas administrativas de protección a la vida y a la salud de los funcionarios y de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el marco de la Emergencia Sanitaria del COVID 19”
La vigilancia del cumplimiento de este protocolo está a cargo de la secretaria o entidad del municipio o distrito que corresponda al lugar donde funcionen los casinos y bingos, sin perjuicio de la vigilancia que, sobre el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores o contratantes, realice el Ministerio del Trabajo, ni de las competencias de otras autoridades.
Dane: informe mensual del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario -SIPSA-, emitido por el Dane, cuenta con tres componentes: precios mayoristas, abastecimiento de alimentos e insumos y factores asociados a la producción.