Colombia Compra ratificó que la vigilancia y control son esenciales en los contratos estatales. La supervisión, siempre presente y ejercida por la entidad, difiere de la interventoría, un seguimiento especializado por un tercero, obligatorio en obras por licitación o contratos complejos. La CCE aclara que la interventoría sí puede suspender actividades de un contratista de obra si su alcance contractual incluye el seguimiento de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y lo hace para garantizar el cumplimiento y la seguridad, siempre detallando las razones. No obstante, el interventor tiene prohibido modificar el contrato o eximir de obligaciones
La CGR explicó las implicaciones de la nulidad de un proceso de liquidación judicial en sus informes de auditoría de cumplimiento. El órgano de control enfatizó que el informe de auditoría es un dictamen técnico con valor probatorio, no un acto administrativo. Por lo tanto, la figura de "pérdida de fuerza ejecutoria" prevista en el Código de Procedimiento Administrativo no aplica. Ante cambios en los supuestos de hecho o de derecho que sustentaron la auditoría, los sujetos de control deben ajustar y comunicar a la Contraloría sus planes de mejoramiento, informando cómo la nulidad afecta los plazos e indicadores. Asimismo, los traslados de hallazgos a instancias disciplinarias o fiscales conservan plena validez, aunque la Contraloría Delegada correspondiente tiene la obligación de comunicar a las entidades receptoras la situación sobreviniente de nulidad.
Tras la divulgación inicial de un comunicado de prensa, ya se encuentra disponible el texto de la Resolución 38275 de 2026, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó medidas cautelares contra Ciudad Limpia Bogotá, Promoambiental Cali, Promoambiental Valle y Veolia Aseo Cali por presuntas conductas que podrían afectar la libre competencia en la prestación del servicio de aseo en Cali. La decisión, adoptada en una fase preliminar y sin implicar aún apertura formal de investigación, se sustentó en la existencia de apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y en la necesidad de evitar que eventuales prácticas coordinadas distorsionen el mercado. La SIC ordenó informar a los usuarios sobre el paso a un esquema de libre competencia, abstenerse de utilizar la Unión Temporal SICO como mecanismo de coordinación y entregar a Emsirva información esencial, como el catastro de usuarios, los contratos y las bases operativas, para garantizar la libre elección y condiciones equitativas entre operadores.
La CREG expidió una circular dirigida a los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos. El documento publica las respuestas a las preguntas y comentarios recibidos en el taller del 20 de mayo de 2026, enfocado en el reporte de costos y gastos AOM (Administración, Operación y Mantenimiento) para la vigencia 2025. La CREG recuerda a los distribuidores mayoristas y minoristas que esta información es obligatoria y debe ser cargada en el Sistema de Cargue de Información para Regulación (SCIR) a más tardar el 8 de junio de 2023. Los formatos necesarios para este reporte están disponibles para descarga directamente en la plataforma SCIR y también se adjuntan a la circular.
La CREG informó que, tras un análisis detallado, no se modifica la condición del Sistema Interconectado Nacional a un estado de riesgo de desabastecimiento, por lo que este continúa bajo seguimiento y monitoreo. La decisión se adopta pese a un reporte de XM S.A. E.S.P. que había clasificado el sistema en situación de riesgo.
La Superintendencia de Sociedades precisó que no es jurídica ni societariamente viable que una sociedad anónima o por acciones simplificada readquiera el cien por ciento (100%) de sus propias acciones emitidas y en circulación. Esta operación implicaría la inexistencia de accionistas con derechos políticos y económicos, lo que paralizaría completamente la asamblea general y la capacidad de la sociedad para tomar decisiones. La entidad subraya que ni el representante legal ni los administradores podrían suplir esta función, lo que conduciría a un "bloqueo orgánico" y a posibles causales de disolución, como la imposibilidad de desarrollar la empresa social o la reducción del número de asociados por debajo del mínimo legal. Este escenario, además, dejaría a la sociedad sin un órgano competente para decidir sobre el destino de las acciones readquiridas.
El Ministerio de Ambiente precisó la interpretación del Decreto 1076 de 2015, despejando dudas acerca del trámite de permisos de emisiones fugitivas o dispersas en explotaciones mineras a cielo abierto. La cartera ambiental enfatiza que, si bien una licencia ambiental existente podría requerir modificación para incluir un permiso de emisión atmosférica ante nuevos impactos o solicitudes del titular, la opción de tramitarlo "de forma separada" está reservada para actividades que, aunque no estén sujetas a licenciamiento ambiental global, demandan un control específico de emisiones. Esta interpretación busca evitar la fragmentación o duplicidad de instrumentos de control para proyectos ya licenciados. Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán evaluar cada caso para determinar la viabilidad técnica y jurídica de una modificación.
La DIAN definió cuándo los servicios de mantenimiento de redes de servicios públicos domiciliarios están sujetos a la estampilla pro Universidad Nacional. Se precisa que la contribución aplica a contratos de obra y sus conexos (incluyendo mantenimiento) suscritos por entidades del orden nacional. Para que un servicio de mantenimiento sea gravado, debe recaer sobre un bien inmueble, incorporarse a este y tener como objetivo su adecuado funcionamiento. Si el contrato comprende prestaciones diversas, el contribuyente deberá determinar si constituyen una unidad funcional de obra para establecer la base gravable total o solo la parte atribuible a la obra y sus conexos.
La CREG precisó el uso de la limitación de potencia en inversores para proyectos de Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE). Si bien esta función es válida como mecanismo de control operativo para la inyección de energía a la red, conforme a la Resolución CREG 174 de 2021, no sustituye ni flexibiliza el cumplimiento de criterios esenciales de diseño eléctrico. El dimensionamiento de conductores, la coordinación de protecciones y las condiciones de seguridad deben adherirse estrictamente al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y acuerdos del CNO. La CREG subraya que, ante irregularidades como conductores subdimensionados, la responsabilidad recae en lo establecido por el RETIE. El Operador de Red está facultado para exigir el cumplimiento integral de los criterios técnicos de diseño y protección, independientemente de la limitación de potencia propuesta por el usuario. Además, puede revisar y verificar todos los documentos técnicos requeridos durante el proceso de conexión. Los hallazgos en visitas
La CRA explicó la aplicación del Factor Regional (FR) en el cálculo de tarifas, tras las modificaciones introducidas por el Decreto 1553 de 2024. Este decreto, del Ministerio de Ambiente, redefine el FR para la tasa retributiva por vertimientos. La CRA precisa que, hasta el 30 de junio de 2026, la recuperación de tasas retributivas se hará con la metodología actual (CMTal) aplicando un FR de uno (1). A partir del 1 de julio de 2026, con la nueva metodología (CMICTal), el FR también será uno (1) de forma transitoria, hasta que la CRA expida un acto administrativo que defina las señales asociadas. Aunque el Ministerio de Ambiente fijará el FR, la CRA es la encargada de regular su reconocimiento tarifario bajo principios de eficiencia. Los prestadores deberán soportar los costos con documentos de cobro de la autoridad ambiental y reportar al SUI.
