A través de proyecto se busca delimitar "Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva Boyacá Norte", una extensión de 110.560 hectáreas que abarca los municipios de Chita, Boavita, La Uvita y San Mateo. Este proyecto busca formalizar la minería de pequeña escala, especialmente de carbón y materiales de construcción, e impulsar la diversificación productiva, articulándola con actividades agropecuarias y agroindustriales. Los objetivos incluyen la gestión socioambiental, la resolución concertada de conflictos, la reconversión laboral y el fortalecimiento territorial, garantizando el bienestar comunitario, la seguridad alimentaria y la protección del ambiente. La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, promoviendo una transición energética justa y un concepto integral de desarrollo sostenible. Se estableció que la delimitación no requiere consulta previa, la cual se evaluará en la fase del Plan Estratégico de Gestión si afecta a comunidades étnicas.

El Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía y la CREG, dejará listo un paquete de medidas regulatorias para fortalecer la seguridad energética del país y afrontar el Fenómeno de El Niño. Anunciadas recientemente por el ministro Edwin Palma desde Cartagena, estas disposiciones, que quedarán en firme en los próximos días, establecen un programa nacional que premia el ahorro y castiga el derroche de energía. Los usuarios que reduzcan su consumo hasta en una tercera parte podrán obtener descuentos de hasta el 40% en su factura, mientras que quienes incrementen su uso pagarán un cobro adicional proporcional al exceso. Estas herramientas buscan reducir la demanda en períodos de estrechez energética y proteger la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. Además, se establecerá un marco regulatorio permanente que permitirá activar medidas extraordinarias de forma inmediata ante futuras contingencias climáticas, garantizando la estabilidad tarifaria, protegiendo a los usuarios y preservando las reservas hídricas del país, consolidando un legado para no improvisar frente al cambio climático

 La SSPD adecuó su Comité de Conciliación, respondiendo a la obligatoriedad establecida por la Ley 2220 de 2022, el nuevo Estatuto de Conciliación, que exige a las entidades públicas ajustar la estructura e integración de sus comités. La modificación también incorpora las disposiciones del Decreto 0042 de 2026, que actualiza las funciones de estos organismos. El propósito central es armonizar el funcionamiento de esta instancia administrativa con el marco normativo vigente, asegurando una gestión más eficiente en la prevención del daño antijurídico y la defensa de los intereses de la entidad.

El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto que establece reglas especiales sobre la vigencia de las ofertas de compra de predios y mejoras en áreas protegidas formuladas por Parques Nacionales Naturales de Colombia. La iniciativa busca agilizar los procesos de adquisición destinados al saneamiento y recuperación ambiental de estas zonas estratégicas, reconocidas como patrimonio natural de la Nación.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) publicó el proyecto de norma que fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia fiscal 2026 en el uno por ciento (1%) de la base gravable. Esta base se construye a partir de los gastos de funcionamiento reportados por los prestadores de servicios públicos a 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, dado que la aplicación de esta tarifa a los gastos ordinarios generaría un déficit presupuestal del 68.92% respecto al presupuesto aprobado para 2026 ($286.426 millones), la SSPD ha recurrido al parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Esta norma le permite incluir otros gastos operativos para asegurar la cobertura de sus costos de inspección, vigilancia y control, vitales para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.