El Ministerio de Agricultura declaró un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Jericó, Antioquia, abarcando 5.270,22 hectáreas. Esta medida busca garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada y sostenible, protegiendo las tierras dedicadas a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas. La resolución, fundamentada en la Ley 2294 de 2023 y otras normativas constitucionales y ambientales, establece controles urbanos y planes de acción para asegurar la producción de alimentos y preservar las condiciones naturales del suelo. Con evaluación bianual, se respetan derechos adquiridos y se promueve la coordinación entre entidades locales para implementar políticas que fortalecen la seguridad alimentaria y ambiental en la región. La información técnica y cartográfica estará disponible públicamente para facilitar su aplicación y actualización.
El Ministerio de Agricultura declaró un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Nemocón, Cundinamarca, con el fin de garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada. La resolución establece lineamientos para preservar suelos agrícolas y fomentar prácticas sostenibles que resguarden la capacidad productiva ante el cambio climático y el crecimiento urbano. Apoya la seguridad alimentaria, promueve la participación comunitaria y coordina con entidades públicas y privadas para integrar la medida en la planificación territorial. Además, se compromete a respetar derechos adquiridos y actualizar criterios técnicos según nueva información. La declaratoria busca fortalecer la producción local como un componente clave de desarrollo rural y protección ambiental.
El Gobierno adicionó los artículos 2.10.2.6, 2.10.2.7, 2.10.2.8 y 2.10.2.9 al Título 2 de la Parte 10 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, reglamentando la administración de fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros. Establece que los órganos directivos deben garantizar la transparencia, publicación semestral de informes sobre avances e impactos sociales, económicos, ambientales e infraestructurales, con especial inclusión de pequeños, medianos productores, mujeres y jóvenes rurales. Se promueve la equidad, sostenibilidad y participación, estableciendo seguimiento a actividades y recursos, amparado en el artículo 30 de la Ley 101 de 1993 y demás normas pertinentes, para garantizar la gestión adecuada de los recursos destinados al desarrollo rural y protección de derechos.
El Gobierno estableció una tarifa arancelaria del 0% para la importación de 76 subpartidas de insumos agropecuarios, incluyendo fertilizantes y fitosanitarios, durante un año. Esta medida temporal busca reducir costos, mejorar la competitividad del sector agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria en Colombia. La ministra de Agricultura destacó que esta acción refleja el compromiso del gobierno con el fortalecimiento del agro como motor de crecimiento económico y exportaciones, especialmente en productos como el café. Además, la medida será revisada anualmente, tomando en cuenta precios internacionales y el índice de precios al productor, para evaluar su continuidad o ajustes. Este alivio arancelario busca hacer del campo colombiano una “gran despensa” sostenible que enfrente la crisis climática y construya paz en los territorios.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó un proyecto para declarar un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Tarso y Salgar, Antioquia. La iniciativa busca salvaguardar 8.367,64 hectáreas dedicadas a la producción agrícola, garantizando la seguridad alimentaria y el derecho humano a una alimentación adecuada. La resolución propone un plan de acción alineado con la legislación vigente, fortaleciendo la rectoría territorial y promoviendo el uso sostenible del suelo rural. Además, se establece que los municipios reglamentarán el uso del suelo conforme a los lineamientos técnicos, con evaluaciones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Esta medida responde a compromisos nacionales e internacionales para enfrentar retos ambientales como la desertificación y el cambio climático, y promueve la colaboración entre entidades públicas y privadas para fortalecer el desarrollo rural sostenible.