El Gobierno reglamentó la Ley 2193 de 2022, que establece mecanismos para el fomento y desarrollo de la apicultura en Colombia. Su objetivo es crear instrumentos normativos para fortalecer la producción apícola como actividad estratégica para la seguridad alimentaria, la protección de los polinizadores y la sostenibilidad ambiental. Establece medidas como sistemas de información, acceso a financiamiento, ordenamiento productivo, promoción comercial, capacitación técnica y extensión agropecuaria. También regula la sanidad y el manejo del material genético apícola, promueve seguros para proteger la producción y fomenta la polinización dirigida. Además, busca integrar la apicultura con otros sistemas agroalimentarios, y establece responsabilidades sanitarias y de información para los actores del sector. La norma aplica a personas naturales y jurídicas del sector apícola en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Comercio propuso mantener el arancel cero para la importación de insumos agropecuarios, como fertilizantes y herbicidas, por un año más, ante la persistencia de altos precios internacionales y disrupciones logísticas derivadas del conflicto en Ucrania y otros eventos globales. La medida busca reducir costos de producción agrícola, garantizar la seguridad alimentaria y apoyar la competitividad del sector agroindustrial. Aunque los precios han mostrado cierta estabilización, siguen por encima de los niveles prepandemia. La balanza comercial es deficitaria, y no existe producción nacional suficiente para suplir la demanda. El decreto, respaldado por el Ministerio de Agricultura y aprobado por el CONFIS, se basa en facultades legales del Gobierno Nacional para proteger el interés general. No genera impacto ambiental ni requiere recursos presupuestales adicionales, y será evaluado a los seis meses de su vigencia.

Esta tiene por objetivo mejorar las condiciones sociales, económicas y de mercado del sector cafetero colombiano. Declara al café como bebida nacional, promueve su consumo interno y crea el programa de donación voluntaria “Quiero a los Cafeteros”, cuyos recursos se destinarán al Fondo para la vejez de los caficultores. Además, busca fortalecer a pequeños productores, recolectores y comunidades rurales e indígenas mediante apoyo técnico y financiero, estrategias de formación, impulso a cafés especiales y programas de inclusión en compras públicas. También promueve la educación agropecuaria y contempla la inclusión del café en programas de alimentación estatales, siempre que cumpla criterios nutricionales. Todo ello apunta a dinamizar la economía rural con enfoque social, cultural y sostenible.

El Decreto adopta el Programa Especial de Armonización Indígena "Caminos para Volver al Origen", destinado a personas en proceso de reintegración que se autorreconocen como indígenas y sus comunidades. Su objetivo es garantizar un enfoque étnico diferenciado para la reincorporación social, política y económica, respetando derechos constitucionales y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Además, establece mecanismos de coordinación interinstitucional, seguimiento y asignación presupuestal para implementar integralmente el programa y fortalecer el tejido social y la armonía territorial de los pueblos indígenas.

El proyecto regula la declaratoria del Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, con el objetivo de proteger y promover la producción agroalimentaria local como garantía del derecho humano a la alimentación adecuada. Busca preservar la capacidad productiva de los suelos agrícolas, respetar derechos adquiridos, fomentar el desarrollo rural sostenible y garantizar la seguridad alimentaria mediante la zonificación y restricciones adecuadas del uso del suelo. Además, establece procesos de evaluación periódica del impacto de la APPA y la creación de un Plan de Acción para promover la producción alimentaria en los municipios involucrados. En cuanto al medio ambiente, reconoce la importancia ecológica del área, destacando la Sabana de Bogotá como zona de interés ecológico nacional con destinación agropecuaria y forestal prioritaria, reforzando la protección ambiental como parte integral de la gestión territorial.