El Gobierno estableció la compensación económica a víctimas del conflicto armado que se encuentren en el exterior en el proceso de restitución de tierras. Reglamenta el derecho a optar por esta medida de reparación principal, garantizando la participación voluntaria y el acceso a información y trámite para la solicitud de compensación. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras velará por el proceso y priorizará pagos a víctimas en el exterior, financiado con recursos asignados anualmente. El decreto busca garantizar transparencia, eficacia y el cumplimiento de los derechos internacionales y nacionales de las víctimas en el exterior.

El Consejo de Estado negó la nulidad de las resoluciones del extinto Incoder que clarificaron la propiedad en la isla de Tierra Bomba porque encontró que no existió falta de competencia ni violación del debido proceso. Se consideró que el Incoder actuó dentro de sus atribuciones legales para verificar y declarar la propiedad privada o la condición de baldíos, respaldado en títulos originarios válidos y en un análisis probatorio suficiente. Además, se descartó la vulneración de principios jurídicos como jerarquía normativa, seguridad jurídica y cosa juzgada, reconociendo la validez de los actos administrativos y la legitimidad del procedimiento realizado, pese a los recursos interpuestos por la Armada Nacional y otros actores.

El Ministerio de Agricultura estableció un marco metodológico para identificar y actualizar la frontera agrícola en Colombia, reconociendo la importancia de incluir las áreas dedicadas a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Se enfatiza la protección especial al campesinado, conforme a la Constitución y la Sentencia T-210 de 2025, que reconocen al campesinado como sujeto de especial protección por su vulnerabilidad histórica y su relación integral con la tierra. La resolución garantiza que la expansión agrícola respete los límites ambientales vigentes, protegiendo ecosistemas estratégicos y territorios étnicos, y busca articularse con autoridades ambientales para actualizar permanentemente la cartografía agrícola sin comprometer la sostenibilidad ambiental ni los derechos territoriales campesinos.

El Ministerio de Agricultura declara el Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Venecia y Fredonia para garantizar la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, resguardando áreas productivas estratégicas frente a la presión urbana y el cambio climático. Esta medida protege la base agropecuaria esencial para el desarrollo rural sostenible, fortaleciendo la producción local y el arraigo campesino. Así se promueve un ordenamiento territorial que asegura la disponibilidad de alimentos, contribuye a preservar ecosistemas, mitiga impactos ambientales y mejora las condiciones socioeconómicas del campo en el suroeste de Antioquia.

La SIC analizó el proyecto de decreto busca actualizar la regulación de incentivos a productores agropecuarios, priorizando pequeños y medianos productores y la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Esta iniciativa atiende mandatos constitucionales y normativos para reducir desigualdades estructurales y promover la seguridad alimentaria. La SIC valora positivamente su enfoque social, pero advierte la necesidad de diseñar los apoyos con rigor técnico y neutralidad competitiva para evitar distorsiones de mercado. Recomienda incorporar mecanismos que limiten el escalamiento de incentivos y aseguren proporcionalidad y vinculación directa con área o producción para preservar la competencia.