Se publicó un proyecto de norma para adoptar e implementar el trámite de registro y sustitución de las cuentas maestras que utilizan las entidades territoriales para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a agua potable y saneamiento básico. La propuesta busca establecer un procedimiento técnico y operativo unificado que garantice trazabilidad financiera, seguridad jurídica y control sobre estos recursos públicos. La iniciativa define los requisitos documentales para el registro inicial y la sustitución de cuentas maestras, fija plazos para la revisión de solicitudes y establece causales específicas para autorizar cambios de cuenta, como deficiencias bancarias o incumplimientos contractuales. Además, obliga a municipios, distritos y departamentos a manejar los recursos en una única cuenta registrada ante el ministerio, evitando su mezcla con otros fondos públicos.

 El Ministerio de Ambiente precisó aspectos sobre la inversión del 1% de los ingresos corrientes destinados a la conservación de áreas estratégicas para acueductos municipales. Aclara que estos recursos deben ser usados exclusivamente para la adquisición o mantenimiento directo de predios con actividades de preservación y restauración ecológica. No es jurídicamente viable destinar fondos para contratación de personal operativo o técnico ni para proyectos de caracterización ambiental. Sin embargo, sí se permite financiar gastos asociados a monitoreo y seguimiento ambiental. La autoridad ambiental competente brindará el apoyo técnico necesario a las entidades territoriales para garantizar el cumplimiento normativo y adecuado uso de los recursos.

La ANH adoptó el reglamento operativo para el Comité de Formación, Fortalecimiento Institucional, Transferencia de Tecnología y Proyectos FNCER, que gestionará programas e iniciativas vinculadas a fuentes no convencionales de energía renovable. Este marco regula el uso de inversiones remanentes de contratos hidrocarburíferos para proyectos de energía limpia, en línea con la Política de Transición Energética y los objetivos de sostenibilidad y diversificación energética del país. La norma establece mecanismos para la administración, operación y mantenimiento de proyectos, prioriza la vinculación con comunidades energéticas y asegura la transparencia y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con esta medida, Colombia avanza hacia una economía verde y mejora su seguridad energética.

La ANM precisó que la revisión prioritaria de Áreas Estratégicas Mineras (AEM) en Vichada debe ajustarse a un proceso riguroso basado en estudios técnicos del Servicio Geológico Colombiano, caracterización territorial y exhaustiva consulta previa con comunidades étnicas, conforme a la normatividad y jurisprudencia vigente. No se han otorgado concesiones ni se recibieron propuestas en estas áreas sin agotar dichos procesos. Las decisiones sobre ajustes o levantamientos parciales corresponden a la instancia misional, garantizando participación de actores clave y respeto de derechos fundamentales, sin efectos vinculantes en esta respuesta.

El Ministerio de Vivienda precisó criterios sobre la convivencia en propiedades horizontales frente a expresiones de autoidentificación, como el fenómeno "Therians". Resalta que la identidad personal pertenece al fuero interno y debe ser respetada, sin ser motivo de censura o discriminación. Sin embargo, las conductas externas que afecten la seguridad, salubridad, tranquilidad o uso adecuado de zonas comunes pueden ser objeto de regulación. La administración debe basar su actuación en hechos concretos y verificables, promoviendo un equilibrio entre el respeto a la diversidad y la convivencia pacífica, evitando restricciones arbitrarias o discriminatorias.

El Ministerio de Agricultura declaró nuevas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en municipios de Antioquia y Cundinamarca, con el objetivo de preservar suelos estratégicos para la actividad agropecuaria y fortalecer la seguridad alimentaria del país. A través de las resoluciones 116 y 117 de 2026, la cartera protegió territorios ubicados en Betania, Betulia, Pueblorrico y Támesis, en el suroeste antioqueño, así como en el municipio de Cogua, en Cundinamarca. Las medidas buscan orientar el uso del suelo, proteger la vocación agrícola de estas zonas y promover el desarrollo rural sostenible mediante instrumentos de planificación y conservación productiva.

La SSPD emitió una resolución que establece los plazos para el cargue y certificación de la información financiera anual con corte al 31 de diciembre de 2025. La norma aplica a todos los prestadores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias, quienes deberán reportar sus datos a través del Sistema Único de Información (SUI) usando el aplicativo NIF XBRL, de acuerdo con el último dígito de su identificación. Los reportes deben entregarse entre el 19 y el 28 de mayo de 2026, con un reporte simplificado hasta el 27 de septiembre. Además, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos, garantizando la supervisión y confiabilidad de la información conforme a las normativas vigentes.

El Ministerio de Minas, a través de la Dirección de Hidrocarburos, publicó la Declaración de Producción de Gas Natural para el periodo 2026-2035, consolidando la información reportada por productores y comercializadores nacionales. Esta medida, en cumplimiento del Decreto 1073 de 2015 y resoluciones previas, establece la obligación de declarar la producción disponible, comprometida y el potencial de cada campo, garantizando transparencia y aseguramiento del suministro. La información fue recopilada y ajustada mediante el Sistema de Declaración de Gas, que minimizó desviaciones por redondeo. Los datos completos están disponibles en la página oficial del Ministerio y podrán actualizarse conforme a la normativa vigente.