La Contraloría General de la República explicó que los procesos fiscales de cobro coactivo han evolucionado bajo diversas normas, destacando que tras la declaración de inexequibilidad de varios artículos del Decreto Ley 403 de 2020 por la Corte Constitucional, la normatividad aplicable actualmente se basa en la Ley 42 de 1993, la Ley 610 de 2000, la Ley 1474 de 2011 y el Código General del Proceso. Se confirma que el fallo con responsabilidad fiscal genera un título ejecutivo para iniciar el cobro, con medidas cautelares que perduran durante el proceso. Además, la entidad aclaró que la inscripción en el Boletín de Responsables Fiscales se mantiene hasta que se pague o se anule el fallo. Finalmente, se puntualiza que en estos procesos no opera la prescripción de la acción sino la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, garantizando así la efectividad del control fiscal y la recuperación del patrimonio público.

La ANM precisó que la disposición final del estaño, casiterita y cuarzo debe realizarse según la legalidad de su origen, siendo ilegal la extracción sujeta a decomisos y medidas correctivas. El manejo del mercurio, prohibido en actividades mineras conforme a la Ley 1658 de 2013 y al Convenio de Minamata, está bajo competencia exclusiva de las autoridades ambientales, que deben supervisar su transporte, almacenamiento y disposición final como residuo peligroso. La minería de subsistencia se define por extracción manual, sin maquinaria, y su evaluación debe ser caso por caso. La ANM enfatiza que los conceptos emitidos tienen carácter orientativo y no vinculante, quedando a cargo de las autoridades ambientales y de policía el seguimiento y control de actividades relacionadas.

El Ministerio de Transporte modificó la normativa sobre vehículos de micromovilidad, estableciendo definiciones, clasificación y características técnicas para su circulación en todo el país. La medida busca integrar estos vehículos, como patinetas y bicicletas eléctricas, al sistema vial garantizando seguridad y promoviendo la movilidad sostenible. Se exige registro obligatorio en el RUNT, dotación de láminas de identificación y cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad como sistemas de frenos, luces, limitadores de velocidad y casco certificado para los usuarios. También se establecen limitaciones de velocidad, principalmente 25 km/h en zonas recreativas y 40 km/h fuera del perímetro urbano. La norma contempla actualización técnica continua y regulaciones ambientales para baterías y llantas usadas, fortaleciendo la convivencia vial.

La SIC busca derogar y actualizar disposiciones previas sobre cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados y dispositivos relacionados. Se prohíbe la publicidad, promoción y exhibición visible de estos productos en puntos de venta físicos y electrónicos, permitiendo solo listados textuales sin elementos visuales. Además, se establecen mecanismos estrictos para impedir la venta a menores de 18 años, incluyendo sistemas de doble verificación en comercio electrónico y protocolos rigurosos para la entrega a domicilio, que exigen la presentación de documento de identidad. Estas medidas buscan fortalecer la protección especial de niños, niñas y adolescentes y garantizar el cumplimiento de normas nacionales e internacionales en materia de control del tabaco. La circular entrará en vigencia al mes siguiente a su publicación oficial.

La suspensión contractual implica el cese provisional de la ejecución de un acuerdo por motivos técnicos, jurídicos o económicos. Puede ser consensuada por las partes o surgir de fuerza mayor, siempre que esté sujeta a un plazo o condición, sin ser indefinida. Durante este período, el contrato mantiene su vigencia, deteniéndose el cómputo del plazo. La reactivación depende de lo pactado, ya sea mediante un acta de reinicio o automáticamente al cumplirse una condición o fecha. Esta facultad recae en el jefe de la entidad contratante (o su delegado) y el contratista, no en supervisores, basándose en la autonomía de la voluntad para establecer las condiciones de la interrupción y el reinicio.

La CGR subrayó que, ante procesos judiciales activos, las entidades territoriales deben valorar y provisionar recursos para cubrir posibles condenas, calificando el riesgo procesal para presupuestar adecuadamente. La Oficina Jurídica de la CGR ofrece orientación general de control fiscal, sin coadministrar ni aprobar decisiones presupuestales específicas. Aunque no puede determinar a priori si la liberación de un pasivo con litigio causará detrimento patrimonial o responsabilidad fiscal, el operador jurídico evaluará la gestión fiscal en cada caso para verificar la existencia de conducta dolosa o culposa, daño patrimonial y nexo causal, elementos clave para configurar responsabilidad.

El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto para adicionar el Capítulo 14 al Decreto Único 1076 de 2015, estableciendo el Fondo SINAPYBA. Este fondo, administrado por el ministerio, financiará el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros y otros proyectos de bienestar animal bajo el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA). La dirección estará a cargo de un comité interministerial que decidirá sobre recursos, reglas operativas y transparencia. El decreto fortalece la protección de los animales como seres sintientes, en cumplimiento de leyes nacionales y sentencias constitucionales que promueven la conservación ambiental, la salud pública y la ética animal.

El Ministerio de Ambiente declaró el Páramo Almorzadero, en Santander y Norte de Santander, como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables por 151.091 hectáreas. La medida busca garantizar la conservación de la biodiversidad, la protección del ciclo hídrico y la integridad del suelo mientras se completa el proceso de delimitación participativa ordenado por la justicia. En aplicación del principio de precaución, se prohíben nuevas concesiones mineras y permisos para exploración o explotación de minerales, sin afectar otras actividades agrícolas, pecuarias o turísticas, siempre bajo determinantes ambientales vigentes. Esta resolución responde a sentencias constitucionales y compromisos con comunidades campesinas, reforzando la gobernanza ambiental y el desarrollo sostenible en ecosistemas de alta montaña.