El Consejo de Estado confirmó la nulidad de los actos administrativos emitidos por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Zona Bananera contra Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. La corporación analizó la legalidad del cobro del impuesto de alumbrado público para los periodos 2018-2021, incluyendo la resolución que negó las excepciones al mandamiento de cobro coactivo. La decisión se fundamentó en que Cenit no fue acreditada como sujeto pasivo del tributo, al no demostrarse que contara con un establecimiento físico en la jurisdicción municipal que la hiciera usuaria potencial del servicio de alumbrado. En consecuencia, se ordenó la terminación del proceso coactivo y la devolución de las sumas cobradas.

La SIC emitió concepto favorable sobre el proyecto de decreto que establece el marco institucional y las reglas para el desarrollo de los mercados de carbono en Colombia. La iniciativa, alineada con los compromisos climáticos nacionales e internacionales, busca cerrar brechas en materia de gobernanza, transparencia e integridad de un sector que, aunque cuenta con instrumentos económicos y registros existentes, aún requiere reglas comunes y una mayor articulación institucional. La entidad destacó como aspectos positivos la unificación de criterios, el fortalecimiento de la trazabilidad para evitar la doble contabilidad de reducciones de emisiones y la divulgación de información para generar confianza entre compradores e inversionistas. Asimismo, resaltó la transformación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (RENARE), que pasaría de ser un repositorio de información a un instrumento habilitante para fortalecer la confiabilidad de los resultados de mitigación.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de norma que definirá los indicadores y ponderadores para determinar la eficiencia fiscal y administrativa en la gestión del agua potable y saneamiento básico para la vigencia 2027. El objetivo primordial es incentivar la adecuada administración territorial y garantizar la prestación, sostenibilidad y ampliación de estos servicios esenciales. Se evaluará el uso de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), la destinación a subsidios, la ejecución presupuestal, así como el avance en cobertura, calidad y continuidad del agua, la estratificación socioeconómica y la gestión tarifaria. La metodología se nutrirá de información oficial de plataformas como FUT, CUIPO, SUI, SIVICAP y DANE, manteniendo los parámetros del año anterior para asegurar la continuidad y seguridad jurídica.

El Gobierno busca reglamentar el "Diseño y Operación de Hidroaeródromos", a fin de revitalizar la aviación acuática en el país. Esta medida responde a la necesidad de aprovechar el vasto potencial hídrico nacional para mejorar la conectividad, el turismo y el acceso a servicios de salud en regiones remotas. Los hidroaviones fueron pioneros en la aviación colombiana desde 1919, conectando puertos fluviales, pero su uso disminuyó por el desarrollo de aeródromos terrestres y preocupaciones de seguridad. Ahora, con tecnologías modernas de monitoreo y las actuales políticas gubernamentales, la nueva regulación, alineada con la OACI, establece requisitos para el diseño y operación segura de hidroaeródromos, permitiendo incluso operaciones transitorias en superficies acuáticas no certificadas y exigiendo a los operadores un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).

El Gobierno actualizó las disposiciones tributarias relacionadas con el interés presunto y el componente inflacionario aplicables a las obligaciones fiscales. Para el año gravable 2026, estableció un rendimiento mínimo anual del 9,09 % para los préstamos otorgados entre sociedades y sus socios, calculado con base en la tasa DTF correspondiente a 2025.

El Gobierno creó la Comisión Nacional de Concertación “Kimy Pernia Domicó”, una instancia permanente de diálogo, coordinación y seguimiento con la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá (CONNPEC). La medida busca fortalecer la articulación de la acción estatal y garantizar una atención integral a los pueblos Emberá (Chamí, Dóbida, Katío y Eyabida), comunidades que enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad y riesgos de afectación a su pervivencia física y cultural. La comisión promoverá la participación de las autoridades indígenas en la formulación y seguimiento de acciones relacionadas con el desarrollo social, económico, cultural y territorial, conforme a la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y las decisiones judiciales de protección, con participación de representantes de 19 departamentos y Bogotá D.C.

El Gobierno reglamentó la Ley 2294 de 2023, modificando el Decreto 1076 de 2015 para fortalecer la gestión comunitaria del agua y saneamiento básico. Esta normativa reconoce a los gestores comunitarios como actores clave, otorgándoles exenciones significativas: no requerirán concesión de aguas para consumos menores a 1.0 litros por segundo destinados a consumo humano o subsistencia rural, bajo ciertas condiciones. Para caudales entre 1.0 y 4.0 lps de uso doméstico, se elimina la exigencia del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y la autorización sanitaria. Asimismo, los proyectos de reúso de aguas residuales domésticas para actividades agrícolas e industriales, que cumplan criterios de calidad, tampoco necesitarán concesión. El decreto busca impulsar el acceso universal al agua y la sostenibilidad hídrica mediante la autonomía y participación de las comunidades.

La CRA presentó una propuesta para modificar el Factor de Productividad del Servicio Público de Aseo, fijándolo en 1,84 % para el próximo periodo de facturación de 2026. La iniciativa, sustentada en la Ley 142 de 1994, busca garantizar una prestación más eficiente del servicio, incentivar mejoras en la productividad de los prestadores y trasladar a los usuarios los beneficios derivados de dichas eficiencias. Para establecer este ajuste, la entidad aplicó una metodología de Productividad Total de los Factores, basada en información financiera de los prestadores correspondiente a 2023 y 2024. El cambio tarifario tendría aplicación por única vez y pretende fortalecer el desempeño operativo y la transparencia regulatoria. El proyecto estará disponible para comentarios de la ciudadanía durante diez días.