La Corte Constitucional precisó que los conjuntos residenciales no pueden prohibir ni restringir el tránsito de mascotas en zonas comunes, ni exigir autorizaciones previas. Esta decisión protege el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar de los residentes, reconociendo el vínculo constitucional con los animales de compañía.

La CREG formalizó el cambio de representante ante el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC) para importantes activos del Sistema de Transmisión Nacional (STN). Mediante Resolución, Intercolombia S.A. E.S.P. asume la representación de los activos derivados de la convocatoria UPME 01-2023, en reemplazo de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA). Esta medida implica que Intercolombia será ahora responsable de la operación, el cumplimiento de los exigentes estándares de calidad y la gestión de la remuneración de estos activos, cruciales para el suministro eléctrico del país, manteniendo los ingresos ya aprobados.

La CREG activó las medidas extraordinarias previstas en los capítulos I, II y III de la Resolución CREG 101 114 de 2026, expedida para fortalecer la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) ante los riesgos derivados del fenómeno de El Niño y la reducción de los aportes hídricos. La decisión habilita la entrega de energía adicional por productores marginales, autogeneradores y plantas de emergencia (Capítulo I), aplica requisitos mínimos para la declaración de plantas en pruebas (Capítulo II) y suspende temporalmente el requisito de consumo garantizado para ciertos usuarios no regulados conectados al STN y STR (Capítulo III). La medida no sustituye la regulación ordinaria y podrá modificarse según evolucione la situación energética del país.

La CREG sometió a consulta pública un proyecto de resolución para asegurar el servicio eléctrico en las Zonas No Interconectadas (ZNI). Ante la inminente expiración de contratos el 30 de agosto de 2026 y las dificultades de los comercializadores para realizar nuevas convocatorias de compra de energía, la propuesta busca modificar la Resolución CREG 101 021 de 2022. La CREG, atendiendo a solicitudes como la del Ministerio de Minas y Energía y empresas como la de Bahía Solano, plantea extender la prórroga de contratos vigentes y permitir nuevos acuerdos hasta el 30 de agosto de 2028, con posibilidad de dos extensiones adicionales de 24 meses. Esta medida busca evitar riesgos de desabastecimiento en poblaciones vulnerables, reconociendo la falta de competencia y complejidades financieras en estos mercados. Se invita a interesados a presentar observaciones antes de su aprobación final.

La CREG convoca a jornadas técnicas para fabricantes y proveedores. El objetivo es presentar y evaluar avances tecnológicos y nuevos activos, como sistemas de almacenamiento, redes inteligentes y equipos para la transición energética, analizando sus costos, beneficios y eficiencias. Esta iniciativa busca identificar nuevas tipologías de Unidades Constructivas para la actualización de la metodología de remuneración de la distribución de energía eléctrica en el SIN. Los interesados deben inscribirse a más tardar el 8 de julio de 2026.

La CREG convoca a una audiencia pública en Cartagena para el próximo 10 de julio de 2026. El evento, que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Salón Cartagena de Indias del Hotel Movich, tiene como propósito socializar una propuesta regulatoria que busca establecer la remuneración del inventario mínimo obligatorio para refinadores e importadores en almacenamiento operativo, así como el inventario mínimo obligatorio en almacenamiento comercial de los distribuidores mayoristas de gasolina motor corriente, ACPM-diésel y sus mezclas con biocombustibles. Los interesados en participar deberán inscribirse previamente a través del portal web de la CREG.

El concepto de la SSPD, en respuesta a la solicitud de la Alcaldía de La Calera, aclara que el aprovechamiento es una actividad complementaria del servicio de aseo, aplicable a residuos ordinarios aprovechables. La prestación puede ser realizada por organizaciones de recicladores, quienes deben cumplir requisitos legales para su operación, sin necesitar autorización previa para su conformación. Para las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), se exige cumplir con requisitos técnicos y operativos específicos (áreas cubiertas, básculas calibradas, programas de seguridad) y un proceso de registro ante la Superservicios (SUI), incluyendo la verificación por la entidad territorial. La Superservicios dispone de canales institucionales para atender y capacitar sobre estos procesos.

La SSPD explicó que los subsidios en servicios públicos, destinados a usuarios de menores ingresos (estratos 1, 2, y en ciertos casos 3) y financiados por Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI), tienen una destinación específica y exigen una vinculación formal al servicio. En consecuencia, los usuarios en condición de provisionalidad o con facturación no definitiva, como los de programas de regularización de conexiones irregulares, no son considerados elegibles para subsidios bajo la Ley 142 de 1994 hasta que su vinculación formal se consolide. La estratificación socioeconómica no es suficiente por sí sola para el reconocimiento de subsidios. Aplicar subsidios a usuarios provisionales implica riesgos fiscales, regulatorios y disciplinarios significativos, dado que compromete recursos públicos de destinación específica y podría generar sanciones. Sin embargo, una vez culminado el proceso de regularización y establecida la conexión formal, el prestador debe aplicar integralmente el régimen tarifario, incluidos los subsidios si corresponden.