La SIC publicó concepto de abogacía de la competencia en el que analizó el proyecto de circular externa de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) que reglamenta esquemas de garantía global para fondos que administran recursos públicos. Aunque identifica que la regulación introduce un trato diferenciado que beneficia a fondos vigilados con menores requisitos prudenciales, generando potenciales barreros para fondos privados, la SIC concluye que esta diferenciación está justificada por razones técnicas, prudenciales e institucionales. La medida busca preservar la estabilidad financiera y proteger recursos públicos, favoreciendo la inclusión crediticia sin restringir la actividad de actores privados, pese al riesgo de concentración y menor competencia.

El Ministerio del Trabajo busca crear el Programa de Empleo Nocturno (PEN), orientado a fomentar la formalización laboral en actividades económicas que operan entre las 7 p.m. y las 6 a.m. El programa busca articular acciones de formalización, formación y colocación de trabajadores mediante el Servicio Público de Empleo, garantizando derechos laborales sin modificar el régimen vigente. Se establece un esquema de gobernanza multinivel que respeta la autonomía territorial, priorizando sectores como hotelería, agricultura y transporte. Además, se habilita el acceso a créditos para microempresas que acrediten formalización y pago de seguridad social. El decreto prevé instrumentos técnicos, pilotos territoriales, y un sello de reconocimiento para empleadores que cumplan con estándares laborales y de seguridad.

El Ministerio de Minas publicó un proyecto de decreto que modifica el marco regulatorio para fomentar la oferta y garantizar la continuidad, confiabilidad y seguridad del suministro de gas natural en Colombia. La norma actualiza definiciones y establece nuevas exigencias para productores y comercializadores, incluyendo declaraciones detalladas de producción e importación consolidadas anualmente. Introduce mecanismos para controlar precios en situaciones de escasez y regula el mercado mayorista y secundario, promoviendo condiciones justas y eficientes. Además, contempla el uso estratégico de infraestructura de regasificación e importaciones para afrontar la declinación de la producción nacional y proteger la demanda residencial, comercial, industrial y de generación eléctrica. El decreto busca fortalecer la seguridad energética y adaptar el mercado a dinámicas internacionales con transparencia y regulación estatal activa, con vigencia inmediata tras su publicación.

El Gobierno destinó las regalías del carbón a proyectos de energías limpias en La Guajira, con más de 152 mil millones de pesos disponibles para el sector mineroenergético, y más de 32 mil millones enfocados en Albania. Destaca la granja agrovoltaica Princesa Negra, con 0,99 MW y 2.496 paneles solares, que integrará producción agrícola y energía renovable, beneficiando al casco urbano y promoviendo nuevas oportunidades económicas. Estas inversiones buscan transformar la región en un referente de transición energética justa, logrando desarrollo, sostenibilidad y bienestar para las comunidades históricamente afectadas por la pobreza pese a la riqueza minera.

Ante la alerta temprana del IDEAM sobre la posible llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026, el Ministerio de Minas emitió una circular dirigida a las entidades públicas nacionales para reforzar el uso eficiente de la energía eléctrica. La comunicación enfatiza la necesidad de establecer metas verificables de ahorro, impulsar campañas internas de concientización y promover el uso racional de la energía y energías limpias. Se recomiendan medidas como el aprovechamiento de la luz natural, instalación de sensores de movimiento, ajuste adecuado de aires acondicionados, y la adquisición de equipos de alta eficiencia energética. Además, exhorta a realizar auditorías energéticas y seguir regulaciones vigentes para identificar oportunidades de mejora, fomenta la implementación de planes de gestión eficientes y subraya la importancia del seguimiento interno para optimizar el consumo y reducir el impacto sobre el sistema energético nacional.

 El Ministerio de Minas exhortó a operadores de red y desarrolladores a acelerar y optimizar los procesos de conexión de proyectos de energías limpias al Sistema de Distribución Local. Esta acción responde a la creciente demanda de energías renovables y a la necesidad de garantizar el suministro eléctrico ante periodos de sequía. La habilitación oportuna de proyectos solares, eólicos y otras fuentes limpias es clave para diversificar la matriz energética y enfrentar desafíos climáticos. Se reitera el compromiso con el régimen de libre acceso a redes, promoviendo competencia y eficiencia en el sector eléctrico, en línea con la Ley 143 de 1994.

El proyecto de decreto delimita y reconoce el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema sagrado de la “Línea Negra”. Se establece como un ámbito tradicional de especial protección integral, valor espiritual, cultural y ambiental, fundamentado en su Ley de Origen y la Ley 21 de 1991. El decreto garantiza el respeto a la autonomía, libre determinación y gobierno propio de estas comunidades, protegiendo sus espacios sagrados y recursos naturales renovables y no renovables. Además, crea una Mesa de Seguimiento interinstitucional para coordinar acciones de protección y conservación, integrando autoridades indígenas, nacionales y regionales.

La agenda regulatoria 2026 del Ministerio de Ambiente contempla proyectos normativos orientados al fortalecimiento de la gestión ambiental, el control de residuos y la transición energética. Entre los temas principales se encuentran la reglamentación sobre pasivos ambientales y responsables sin capacidad económica para asumir su atención; ajustes al régimen de residuos peligrosos y al control de movimientos transfronterizos de residuos no peligrosos; modificaciones a las reglas de calidad del aire y licenciamiento ambiental; actualización de requisitos para proyectos energéticos y de infraestructura férrea; y nuevas disposiciones relacionadas con transición energética justa, control ambiental y sostenibilidad.