Demandas admitidas (22)
La Corte estableció el alcance del aparatado acusado, esto es, el (literal g) (parcial) del artículo 13 de la Ley 1915 de 2018), que regula los mecanismos de protección tecnológicos, en el sentido de autorizar a la DNDA a emitir un concepto sobre las excepciones a la responsabilidad civil por la elusión o la preparación a la elusión de las medidas tecnológicas, cuando la evidencia muestre que la existencia de dichos instrumentos ya no es necesaria u obstaculiza usos no infractores respecto a clases particulares de obras, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas o emisiones. Para la Sala, la demanda irrespetó el requisito de claridad e incumplió el requisito de certeza porque el actor se fundó en una lectura descontextualizada y subjetiva del literal g) (parcial) del artículo 13 de la Ley 1915 de 2018.
Prensa Jurídica publica el texto de la demanda instaurada por la Firma Del Hierro abogados y de la Sala Plena, en el que esta Corporación, como sexto punto del orden del día, Corte tiene previsto en Sala Plena el estudio de la norma acusada, cual es: la declaratoria de exequibilidad condicionada del artículo 24, numeral 5, literal b), del Código General del Proceso, en el aparte que establece que pueden someterse a la decisión jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades la “Resolución de conflictos societarios”.
Se demanda la inconstitucionalidad parcial contra el apartado final del numeral 1º del artículo 6º de la Ley 2232 del 7 de julio de 2022; de acuerdo con los argumentos del demandante, “al establecer que en algunos casos la prohibición se aplicará en el término de 2 años,
La Corte publicó la Demanda Laboral-Multa por rechazo de la demanda, la cual fue declarada inconstitucional “la imposición de multa al apoderado (abogado) cuyo recurso extraordinario de revisión en materia laboral sea rechazado”. En el historial del proceso, s4e
A través de la Demanda D-14644 se busca la Inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 1º y el literal N del artículo 2º de la Ley 2160 de 2021 "por medio del cual se modifica la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, por ser contrario a la Constitución Política, sobre la
Publicamos el texto de la D-14606, cuyo texto se tiene previsto para estudio en la Sala Plena de la Corporación. La norma demanda es: “ley 2161 de 2021. Artículo 11. Suspensión del vencimiento de las Licencias de Conducción. Suspéndase por el
De acuerdo con la demanda, demandada, esto es, el artículo 54 de la Ley 2199 de 2022 (régimen especial de la Región Metropolitana de Bogotá), en lo relativo a la expresión: “(...) El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR estará conformado de la siguiente manera, (...), presenta insuficiencias normativas que la hacen contraria a la Constitución Política de Colombia. Lo anterior en razón a que el legislador en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial, la de máximo intérprete del Texto fundamental, al redactar la proposición normativa incluida en el artículo 54 de la Ley 2199 de 2022, dejo de incluir en el enunciado normativo demandado un ingrediente o una condición que, a partir de un análisis global de su contenido, permite concluir que la consagración de lo no regulado resultaba esencial a fin armonizar el texto legal con los mandatos previstos en la Constitución”.
Prensa Jurídica publica el texto de la demanda D- 41350. Los cargos se dirigen contra el artículo 85 de la ley 1955 de 2019 (PND-2018-2022), entre otras normas- en el que “la vivienda de interés social se determina como un precio obligatorio para todos los actores del mercado, pero ha sido fijado de forma discrecional y arbitraria sin consultar ningún criterio técnico”.
Se demanda, en su totalidad la Ley 2181 de 2021, por medio del cual se establecen normas para garantizar la seguridad de la cadena logística, prevenir los delitos transnacionales y se dictan otras disposiciones. Para el demandante, esta norma muchas de estas empresas, están viendo afectado y restringido su derecho a ejercer plena y libremente su objeto social, por la competencia
Se interpone acción pública de inconstitucionalidad contra de la Ley 2111- 2021 (parcial), por medio del cual se sustituye el título XI “de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, que modifica la Ley 906 de 2004. Para el demandante, “los tipos penales incorporados por la Ley 2111 de 2021, objeto de la presente acción de