Sección 3 (1909)
“Las vías públicas terrestres son bienes que están afectos a la prestación de un servicio público. Por tal circunstancia, a la Nación y los entes territoriales les corresponde la construcción, mantenimiento y reparación de carreteras, conforme conciernan a su territorio, pues se
[L]a Sala encuentra que en el presente asunto no se encuentra acreditado el desequilibrio económico reclamado por la actora como consecuencia del pago del impuesto del IVA generado con ocasión de la ejecución del contrato no. 142 de 2007, por lo que la sentencia apelada
Entre las partes se celebró un contrato para la construcción de un corredor del sistema integrado de transporte masivo de Santiago de Cali, la contratista reclama el restablecimiento del desequilibrio económico y la primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones, por
Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, la Sala concluyó que “conforme a las pruebas, el trabajador murió por intoxicación por monóxido de carbono en un accidente de trabajo, cuando utilizó una unidad de potencia al interior de un túnel para remover una tapa.
“El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso; (II) la finalidad del recurso se orienta a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo (por
La Sala, a través de una tutela, amparó los derechos fundamentales de una niña, “a quien le diagnosticaron una enfermedad de alto costo, epilepsia. Sin embargo, la EPS Sura le exigía el pago de las cuotas moderadoras y/o copagos para poder recibir la atención médica
“La modalidad de precio global fijo (también llamado a mano alzada) es usualmente empleada en los contratos de obra. En este tipo de contratos, la entidad contratante conviene en pagarle al contratista una suma única por la ejecución de una obra, la cual remunera todos los
“En línea con una consolidada jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la interpretación del artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política, la Sala confirmará la decisión de primera instancia. Lo anterior, pese a que llaman la atención varias actuaciones de las
“En el año 2011 la jurisprudencia de esta Sección redefinió las categorías de perjuicios inmateriales en la jurisdicción de lo contencioso administrativo con ocasión de recoger las nociones de “daño a la vida de relación” y “alteración grave a las condiciones de existencia” en los
“En el caso concreto, la Sala encuentra que la determinación del Tribunal a quo, consistente en decretar la nulidad de los actos administrativos bajo estudio por falta de competencia, decisión sustentada en la sentencia del 20 de octubre de 2005 , y por ende, desconociendo la