Sección 2 (325)
Se demandó la nulidad de la Circular 413 de 2016, proferida por La Previsora S.A. en la que se determinó como política de la entidad que no podrían “vincularse laboralmente, ni por medio de empresas de servicio temporal personas que tengan parentesco con funcionarios de la
“El Departamento del Huila, actuando por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, acudió a esta jurisdicción en procura de obtener la nulidad de la resolución a través de la cual
“La Empresa Social del Estado (ESE) Rafael Uribe Uribe de Antioquia, sancionó al servidor público, médico general, con destitución e inhabilidad por 10 años, en razón a que lo halló disciplinariamente responsable de abandono del cargo «desde el 27 de julio de 2004, falta
“El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente
Lo anterior, al considerar que ello podría afectar concesiones ya otorgadas, la disponibilidad de agua en el cauce del río y los ecosistemas acuáticos existentes, además del suministro para consumo humano en los municipios y generar una degradación del recurso hídrico, el cual,
La actora buscaba obtener la nulidad de un oficio suscrito por el asesor jurídico del despacho del gobernador del departamento del Caquetá, a través del cual le fue negada su solicitud de «declaración de que (sic) el señor (…) (sic) laboraba al servicio del Departamento como
La Sala precisó que en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
“Como consecuencia del proceso liquidatorio se suprimieron 420 empleos del Incoder, entre otros, el empleo denominado Profesional Especializado código 2028 grado 14, desempeñado por una funcionaria de carrera administrativa, quien solicitó la reincorporación en un
La Sala precisó que “para el año de 1947, época en la que fue suscrito el acto acusado, las Asambleas Departamentales contaban con la facultad de crear normas a fin de regular todos los aspectos salariales de los empleados públicos del sector territorial, ya que dicha
La Sala precisó que si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta corporación y de la