mientras no se haya ejercitado la acción contencioso administrativa”. “Al respecto, se advierte que la Sala ha precisado que “la norma consagra la facultad de la Administración de corregir en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de transcripción que hayan cometido los funcionarios que expidieron los actos administrativos, mientras no se hayan demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa”.
