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La Superintendencia de Transporte informó sobre la inmovilización temporal de parte de la flota de Avianca debido a una actualización urgente de software en los aviones de la familia A320, lo que ha provocado la suspensión de múltiples vuelos y la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre. Este evento fue catalogado como fuerza mayor por tratarse de circunstancias externas e imprevisibles. La entidad recomendó a los usuarios verificar el estado de sus vuelos directamente con la aerolínea, revisar comunicaciones oficiales y conservar soportes de reserva. Además, indicó que Avianca ofrecerá opciones como reembolsos o reacomodaciones. La Superintendencia activó un protocolo urgente para acompañar a los afectados y garantizar una gestión transparente y ordenada, monitorizando la situación y trabajando en coordinación con la aerolínea para minimizar las afectaciones y restablecer la operación cuanto antes. También habilitó diversos canales de atención para resolver peticiones, quejas y reclamos.
La Superintendencia de Transporte presentó su informe de rendición de cuentas 2025, destacando la realización de 2.716 investigaciones administrativas y la imposición de multas por más de $6.061 millones, evidenciando una rigurosa supervisión en todos los modos de transporte. Se fortaleció la cobertura regional en 27 departamentos y 30 ciudades, con más de un millón de acciones de acompañamiento a empresarios y usuarios. Además, se implementaron estrategias de transformación digital, como el Sistema Inteligente Nacional de Supervisión al Transporte (SINST) Vigía 2, y se priorizó la atención ciudadana mediante diversos canales. La entidad avanzó en políticas de equidad de género, seguridad vial y prevención del lavado de activos, reafirmando su compromiso con la legalidad, la eficiencia y la transparencia en el sector transporte-
El comunicado anunció la sanción impuesta por la Superintendencia de Transporte a Aeropuertos de Oriente S.A.S. por incumplir órdenes relacionadas con la eliminación de restricciones que limitaban la libre elección de transporte terrestre en el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga. La multa, superior a 300 millones de pesos, busca garantizar igualdad de condiciones, transparencia y seguridad en la prestación del servicio, promoviendo un acceso libre, seguro y equitativo para los pasajeros. La resolución destaca el compromiso del Ministerio de Transporte con la protección del interés de los usuarios y la regulación del sector, con la posibilidad de imponer sanciones sucesivas en caso de incumplimiento.
La Superintendencia de Transporte firmó un convenio con Naciones Unidas (UNODC) para fortalecer su supervisión del SARLAFT, enfocándose en riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se brindará acompañamiento técnico en metodologías, socialización y en la formulación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, adoptando buenas prácticas regionales e internacionales. El acuerdo incluye actividades como jornadas de fortalecimiento para funcionarios, la elaboración de políticas y guías prácticas, y la creación de mesas técnicas para definir actores y subsectores estratégicos. También se habilitarán canales de atención al público. Este acuerdo busca mejorar la capacidad de control, promover la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción en el sector transporte.
El mecanismo de Obras por Impuestos en Colombia contempla una inversión superior a un billón de pesos en infraestructura, con 69 proyectos registrados en el banco de Obras por Impuestos de la Agencia de Renovación del Territorio. Este programa permite a los contribuyentes contribuir al cierre de brechas socioeconómicas en los municipios más afectados por la pobreza y la violencia. Existen dos modalidades de vinculación: la fiducia, con 62 proyectos que suman más de novecientos mil millones de pesos, y el convenio, que abarca siete proyectos con una inversión de más de ochenta y nueve mil millones de pesos.
La Superintendencia de Transporte ha implementado la campaña #QueNoTeEngañen para promover la legalidad en los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), en respuesta al aumento de usuarios solicitando licencias de conducción A2 para motocicletas. Actualmente, existen 315 investigaciones administrativas activas contra CEA y cerca de 2.000 trámites en curso relacionados con quejas y averiguaciones. Las infracciones más comunes incluyen la expedición de certificados sin la presencia de aprendices, la alteración de datos reportados al RUNT y el incumplimiento de suministrar información requerida por la Superintendencia. La campaña busca recordar a los CEA sus deberes y educar a los aspirantes sobre sus derechos, incluyendo la obligación de completar tanto la formación teórica como práctica. Además, se brindan canales de atención para que los usuarios realicen peticiones y reclamos, asegurando así un cumplimiento riguroso de las normas en pro de la seguridad vial y la legalidad en la obtención de licencias de conducción.
La SuperTransporte sancionó a 123 Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) en Colombia desde 2022 por irregularidades en la revisión técnico-mecánica y la emisión de certificados, lo que incluye multas y la suspensión de habilitaciones. Se han abierto 205 investigaciones, de las cuales 82 están activas, destacando la importancia de estos centros para la seguridad vial. La entidad promueve programas de educación para informar a usuarios y empresarios sobre sus derechos y deberes. Los CDA deben cumplir con requisitos específicos para operar legalmente. Estas acciones buscan fortalecer la confianza en el sistema de transporte y garantizar la seguridad en las vías. La regulación del sector es fundamental para el control del transporte en el país.
A través de comunicado oficial, se anunció que “Debido a constantes denuncias sobre personas que ofrecen servicios de intermediación para realizar las solicitudes de entrega de vehículos de transporte público que se encuentran inmovilizados, ante la Superintendencia de Transporte, se informa que NO se requieren intermediarios para dicho proceso, pues la Entidad ha dispuesto herramientas tecnológicas, material informativo y canales de atención, para atender las necesidades de los ciudadanos.”
De acuerdo con el comunicado oficial publicado por la SuperTransporte, a partir del 23 de febrero entró en marcha la estrategia denominada “La Super Responde”, diseñada como un espacio de participación ciudadana, mediante el cual la Superintendencia de Transporte se acerca a los usuarios en las infraestructuras de transporte en el país, con el propósito de recibir PQRs de manera personalizada, orientar a los viajeros y socializar sus derechos y deberes. Esta campaña también se llevará a cabo en aeropuertos, cuerpos de agua y estaciones de cable”.
“Para la Superintendencia de Transporte, el cumplimiento al régimen de relaciones económicas establecido por el Ministerio de Transporte a través del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga-SICETAC, y el despliegue de acciones de vigilancia y control, son fundamentales para el correcto funcionamiento de las relaciones entre generadores, transportadores y poseedores, propietarios o tenedores de los vehículos”.
