MinCiencias radicó proyecto de Ley para modernizar y reforzar la protección de datos personales en la era digital
El gobierno presentó un proyecto para actualizar las normas de protección de datos en Colombia, buscando adaptarlas a los avances tecnológicos y al comercio digital. Las ministras Yesenia Olaya y Diana Marcela Morales, junto con Cielo Rusinque de la SIC, lideraron esta iniciativa. El objetivo es fortalecer la protección de la información personal, especialmente de menores, fortalecer las sanciones y ampliar el ámbito de aplicación, así como reconocer tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, buscando balancear innovación y protección de derechos fundamentales.
Descargar texto/ABC del Proyecto de Ley
La Coalición Regional de creadores latinoamericanos, Organizada por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) fue respaldada por 36 organizaciones de la región, que se unió para proteger los derechos de autor frente al uso indiscriminado de obras en la inteligencia artificial generativa. La coalición exige transparencia a los desarrolladores de IA, promoviendo registros claros de materiales usados y etiquetado del contenido generado. Su objetivo es garantizar una remuneración justa para los creadores y fomentar colaboraciones responsables que impulsen la creatividad y el desarrollo cultural latinoamericano.
Descargar informe/Collage/Diego Caceres/Alvaro Cabarcas/Andres Cepeda
SIC publicó proyecto de resolución en la que se ajustan reglas de protección a las marcas país
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante este proyecto de resolución adiciona a su Circular Única un procedimiento administrativo para la protección de las marcas país en Colombia, alineado con la Decisión 876 de 2021 de la Comunidad Andina. La SIC podrá iniciar de oficio investigaciones y actuaciones para impedir o cesar el uso no autorizado de signos idénticos o similares a marcas país protegidas. Se establecen mecanismos para recibir comunicaciones, hacer requerimientos de información a presuntos infractores y recopilar pruebas. Además, se regulan los recursos contra decisiones administrativas y se detallan medidas cautelares y definitivas para asegurar la observancia de estas marcas, fortaleciendo así su protección legal en Colombia.
Esta publicación aborda la Propiedad Intelectual para el sector comercial, incluyendo Derecho de Autor y Derechos Conexos, su alcance y duración, protección de creaciones originales, titularidad y uso de obras de terceros. Es la primera edición del año 2025, editada por la Super intendencia de industria y comercio, Alianza del pacífico y Dirección Nacional de Derecho de Autor. La guía sobre Derecho de Autor para el sector comercial resalta la protección automática de obras originales y derechos conexos, fundamentales para empresas creativas. Destaca la importancia de la titularidad y la gestión colectiva, garantizando remuneración justa a autores y productores audiovisuales. Subraya la necesidad de registrar obras ante entidades oficiales para fortalecer la defensa legal. También aborda mecanismos contra la piratería y el uso legal de obras de terceros, promoviendo un entorno seguro y rentable para la economía creativa en Colombia.
La DNDA actualizó orientaciones dirigidas a las empresas de transporte público para cumplir a cabalidad con las normas sobre derechos de autor y derechos conexos referentes al uso de obras musicales y audiovisuales. Precisó que las tarifas por remuneración de los derechos patrimoniales de estas obras deben ser pagadas a las sociedades de gestión colectiva autorizadas, como SAYCO y ACINPRO, o a gestores individuales legitimados que administren derechos específicos mediante contratos y acreditaciones. Además, la circular aclara que una autorización otorgada por una sociedad de gestión no exime a los usuarios de obtener permisos de otras sociedades o gestores que administren el repertorio en uso, evitando así fraudes. Recomendó verificar cuidadosamente la gestión del repertorio para garantizar el pago correcto y evitar delitos. En resumen, las tarifas deben ser pagadas a las entidades legitimadas para administrar dichos derechos, garantizando así el respeto a los derechos de autores y titulares de obras musicales y audiovisuales en el sector del transporte público.