La CREG publicó un proyecto de resolución para establecer las condiciones y el procedimiento de implementación de sandbox regulatorios en los sectores que regula, como la energía eléctrica, gas combustible y cadena de combustibles líquidos. Estos espacios controlados y temporales permitirán experimentar con modelos innovadores en regulación, tecnología y operaciones, evaluando su viabilidad y generando evidencia para posibles ajustes normativos. El proyecto promueve principios como la protección al usuario, la transparencia y la competencia, además de incluir criterios para la selección, implementación y evaluación de estas pruebas piloto. La CREG abrirá convocatoria pública y destinará recursos para su desarrollo, buscando fomentar la innovación, eficiencia y transición energética bajo un marco responsable y flexible.

La CREG sometió a consulta pública el régimen de precios para el ingreso al productor, margen de distribución mayorista y minorista del combustible de aviación para motor tipo turbina. Mediante este proyecto, la CREG implementa un régimen de libertad vigilada que permite a los agentes de la cadena —refinadores, importadores, distribuidores mayoristas y minoristas— fijar libremente sus precios y márgenes, bajo la supervisión y exigencia de transparencia de la Comisión. Esta regulación busca fortalecer la competencia, asegurar condiciones eficientes y transparentes en la formación de precios, y promover la confiabilidad en el abastecimiento del combustible Jet A-1, finalizando así el régimen transitorio vigente y dando mayor claridad a la norma para facilitar la importación y comercialización en un mercado competitivo y regulado.

La CREG publicó un proyecto de resolución que busca determinar la estructura del precio del combustible de aviación para motores tipo turbina en Colombia, aplicable a toda la cadena de distribución, desde refinación hasta venta minorista. Esta iniciativa, que estará en consulta pública por 30 días, responde a la necesidad de garantizar eficiencia económica, competencia y transparencia en el mercado, alineándose con la normativa vigente y las políticas de transición energética. La resolución define componentes clave en la formación del precio, incluyendo ingreso al productor o importador, transporte, márgenes de distribución, impuestos y cargos por expansión y continuidad del suministro. Además, deroga el régimen transitorio previo y establece condiciones claras para la importación del combustible, fomentando un mercado competitivo y sostenible en línea con los objetivos nacionales de reducción de emisiones y desarrollo de combustibles sostenibles para la aviación.

La CREG busca establecer la metodología para la remuneración del inventario mínimo obligatorio en almacenamiento operativo para refinadores e importadores, así como en almacenamiento comercial para distribuidores mayoristas de combustibles líquidos derivados del petróleo. Esta iniciativa pretende garantizar la continuidad y eficiencia en el abastecimiento del país, asegurando que los agentes de la cadena de distribución sean compensados por mantener dichos inventarios mínimos, tal como lo establece el Ministerio de Minas y Energía. La medida busca incentivar la adecuada gestión logística y operativa, contribuyendo a la estabilidad del sector y a la prestación eficiente del servicio público esencial de distribución de combustibles. El proyecto se encuentra en consulta pública por veinte días hábiles para recibir observaciones y comentarios de los agentes regulados y demás interesados antes de su implementación definitiva.

La SIC emitió un concepto de abogacía de la competencia sobre el proyecto de resolución que regula los componentes sintéticos de mezcla (SBC) y combustibles de aviación semisintéticos. Aunque la autoridad determinó que los requisitos de habilitación previos son proporcionales a los riesgos técnicos del sector, objetó la restricción que limita la distribución de SBC exclusivamente a productores, refinadores y mayoristas autorizados. Al excluir de este acceso a agentes como distribuidores minoristas, la norma generaría un trato diferenciado injustificado. La entidad recomendó al Ministerio ajustar la regla bajo un criterio funcional, permitiendo la distribución a cualquier actor que certifique la capacidad técnica verificable para garantizar la calidad y seguridad del producto.