La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) fortalecerán sus lazos para que la transformación energética impulsada por las energías renovables sea el eje de la recuperación económica de América Latina y el Caribe tras el brote de COVID-19. Los esfuerzos se basan en un Memorándum de Entendimiento (MoU) existente, firmado originalmente por las dos organizaciones en 2012.
El Consejo de Estado no avocará el conocimiento del control inmediato de legalidad de la Circular No. 4009 de 12 de abril de 2020, en la que se establecen «Consideraciones respecto de la aplicación del Decreto 531 del 08 de abril de 2020, en relación con las medidas preventivas y de mitigación, en el marco de las competencias del Viceministro de Energía, respecto de la afectación del COVID-19 a la cadena logística y de producción de los servicios públicos y las actividades requeridas para garantizar su continuidad y los servicios indispensables del Sector Energía», expedida por el Viceministro de Energía.
CREG se pronuncia sobre aspectos a tener en cuenta en relación con las facturas del servicio de energía eléctrica
En el país existen múltiples prestadores del servicio de energía eléctrica, y cada uno de los prestadores del servicio calcula las tarifas, dentro del marco que establece la Ley, y según las reglas que establece la CREG. Se entiende entonces que la CREG no es responsable de calcular las tarifas.
OLADE continúa con los seminarios web sobre la generación distribuida en los países de América Latina y el Caribe
OLADE llevará a cabo el tercer nivel de los seminarios que hacen parte del Currículo N4, Generación Distribuida, en donde se expondrán las lecciones aprendidas con el análisis comparativo de los estándares de las empresas de distribución sobre DG en los países de América Latina y el Caribe.
Tanto la Ley 14 de 1983, como el Decreto 1421 de 1993 (decreto especial con fuerza de ley), establecieron unas bases gravables especiales para el ICA respecto de: i) las agencias de publicidad, ii) las administradoras y corredoras de bienes raíces, iii) para los distribuidores de derivados del petróleo y, iv) para las entidades del sector financiero, todas estas adoptadas por el Concejo Distrital de Bogotá en el Decreto 352 de 2002.