Se conoció el texto del fallo de la Corte que declaró exequibles los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 y 12 de la Ley 2434 de 2024, cuyo propósito es reducir las barreras para la adquisición de vivienda mediante créditos hipotecarios y leasing habitacional, así como promover el uso de energías limpias. La Corte determinó que las normas sobre trámites notariales y sanciones disciplinarias para notarios, aunque fueron incorporadas durante etapas avanzadas del trámite legislativo, guardan una conexidad causal, temática y teleológica directa con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, al eliminar obstáculos operativos y agilizar la escrituración. Asimismo, consideró que la medida disciplinaria respeta el debido proceso, pues no desconoce los principios de legalidad y tipicidad ni impone sanciones desproporcionadas. Finalmente, la Corte se inhibió parcialmente frente al cargo de impacto fiscal respecto de algunos artículos, al considerar que no cumplía los requisitos de aptitud, y avaló la constitucionalidad de las demás disposiciones examinadas.

La CREG hizo precisiones sobre la conexión de proyectos de generación distribuida, aclarando que la primera visita del Operador de Red (OR) es sin costo y debe incluir todas las actividades presenciales de energización, inspección y pruebas técnicas necesarias. La entidad enfatiza que no es procedente fragmentar esta etapa inicial para generar cobros adicionales no previstos. Las visitas subsiguientes solo se justifican por incumplimientos técnicos del proyecto y podrían tener un costo. Se recuerda a los usuarios sus derechos a reclamar ante el OR y, en última instancia, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios frente a cualquier irregularidad en el proceso.

La CREG modificó los plazos para la verificación de los planes de inversión de los Operadores de Red (OR) en el sector de energía eléctrica. Esta decisión responde a las solicitudes del Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), firmas verificadoras y los propios OR, quienes señalaron importantes desafíos operativos, la escasez de empresas verificadoras y el volumen de información a procesar, comprometiendo la calidad de los resultados. Para la primera verificación, que abarca hasta el año 2024, los resultados deben ser entregados al LAC a más tardar el 15 de agosto de 2026, con los OR reportando variables actualizadas hasta el 7 de septiembre de 2026, y los nuevos cargos aplicados en noviembre de 2026. La segunda verificación contará con un plazo adicional de tres meses, fijando el 15 de junio de 2027 como fecha límite para el informe final. El objetivo es garantizar un proceso robusto y fundamentado.

 La CREG definió los criterios generales para la selección, operación y remuneración del Prestador de Última Instancia -PUI-. Esta normativa establece los criterios generales para la selección, operación y remuneración del Prestador de Última Instancia (PUI), el agente que asume la comercialización cuando el proveedor original no puede atender a sus usuarios. La resolución, resultado de un amplio análisis y consulta con actores del sector, busca equilibrar la eficiencia económica de las empresas con la protección de los usuarios. Incluye la definición de esquemas competitivos para la elección del PUI y un límite de 1.5 veces el precio promedio de bolsa (Mc) para la contratación directa de energía, lo que busca salvaguardar a los consumidores de incrementos desmedidos en el costo del servicio ante situaciones excepcionales. La CREG refuerza así su compromiso con la continuidad y equidad en el servicio público.

La CREG estableció medidas transitorias para gestionar las desviaciones en plantas de generación variable, como solares y eólicas. Esta normativa, que modifica las resoluciones CREG 101 047 de 2024 y 101 073 de 2025, busca optimizar la operación del Sistema Interconectado Nacional ante desafíos como el fenómeno de El Niño, que incrementa los riesgos de desabastecimiento. La decisión surge tras alertas de XM sobre la sobreestimación de ofertas y desviaciones significativas que impactan la reserva operativa, poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema. El objetivo es incentivar pronósticos de generación más precisos y mejorar la eficiencia en el despacho, reduciendo la presión sobre los embalses y garantizando un servicio eléctrico confiable y continuo.