El Consejo de Estado ahorra y hace uso eficiente del consumo de energía.

De acuerdo con la exposición de motivos de los representantes a la Cámara, Colombia requiere que las leyes que rigen la contratación pública cuenten con reglas claras y términos de obligatorio y estricto cumplimiento, además, es necesario que las entidades y su contratación no vaya más allá de sus necesidades reales, y que el Estado cuente con herramientas para tener un mejor control y seguimiento de los recursos y la actividad contractual del sector público. Ene se sentido, el proyecto de ley presentado busca modificar algunos aspectos del estatuto general de contratación y la ejecución presupuestal, y se introducen herramientas que permiten fortalecer la lucha contra la corrupción.De acuerdo con la exposición de motivos de los representantes a la Cámara, Colombia requiere que las leyes que rigen la contratación pública cuenten con reglas claras y términos de obligatorio y estricto cumplimiento, además, es necesario que las entidades y su contratación no vaya más allá de sus necesidades reales, y que el Estado cuente con herramientas para tener un mejor control y seguimiento de los recursos y la actividad contractual del sector público.

Los daños, cuya indemnización se pretende, provienen de los supuestos incumplimientos de contratos individuales celebrados con cada uno de los demandantes,

Para la Sala, el presente asunto no puede ser estudiado bajo la óptica de la acción popular, en razón de que, con la demanda, lejos de buscarse la protección efectiva de derechos e intereses colectivos como el patrimonio público y la moralidad administrativa, se pretende la satisfacción de un interés subjetivo o particular, que se refleja en la pretensión económica de
obtener el pago de una suma de dinero en favor de Electrocesar por concepto del “pasivo a favor”, derivado del supuesto incumplimiento en el que habría incurrido Electricaribe respecto de una cláusula del contrato de trasferencia de activos celebrado entre esas partes.

“Varios ciudadanos ejercieron el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el municipio de Firavitoba y las sociedades Maurel & Prom Colombia B. V. y CGL Compañía Geofísica Latinoamericana S.A.S., dado que, en su criterio,

“Se encontró que las demandadas incurrieron, de una parte, en un mal manejo de los residuos y vertimientos de una Planta de Beneficio y, de otra parte, en la omisión de la inspección y vigilancia de las actividades de minería de la sociedad Zandor Capital S.A. El Consejo de Estado dicta órdenes tendientes al restablecimiento de los derechos e intereses colectivos vulnerados,

Los jueces de primera y segunda instancia encontraron, “que la obligación de dar a conocer el protocolo de repatriación se encontraba en cabeza de las autoridades demandadas y que, a la fecha de la presentación de la solicitud de inclusión, dicho protocolo no había sido expedido. En consecuencia, se afectaron los derechos fundamentales de petición y a la libertad de locomoción de la accionante, por lo que se ordenó a la autoridad demandada estudiar la solicitud de inclusión de la parte actora en un vuelo humanitario de repatriación”.

El Gobierno Nacional, por medio de la Comisión Intersectorial de acompañamiento Técnico y Científico a los Proyectos Piloto de Investigación Integral en Yacimientos No Convencionales, amplió la convocatoria hasta el 24 de septiembre, para que la elección de este miembro independiente del Comité Evaluador se realice el 13 de octubre de 2020,