“El Consejo de Estado revocó la condena de 668 salarios mínimos que se le había impuesto a la Fiscalía en uno de los casos. A su juicio, la entidad contaba con indicios suficientes para inferir razonablemente que el procesado era responsable de las conductas que se le adjudicaban, pues en un predio de su propiedad habían sido hallados 252 gramos de base de coca y varios testigos lo señalaban de haber incurrido en los ilícitos”.