La SSPD aclara que no es competente para determinar responsabilidades judiciales ni cuantificar daños como lucro cesante o daño emergente, siendo estas facultades exclusivas de los jueces. No obstante, la regulación de servicios públicos sí permite al usuario perseguir judicialmente al operador de red por perjuicios causados por fallas en el servicio, como intermitencia o baja calidad, más allá de las compensaciones o incentivos regulados. Los operadores deben contar con instrumentos financieros para cubrir ciertos daños, pero otros perjuicios no cubiertos pueden ser objeto de acciones legales.