La Entidad precisa que los usuarios tienen derecho a la medición real de sus consumos mediante instrumentos tecnológicos apropiados, instalados individualmente en cada inmueble, garantizando así una facturación justa. La empresa prestadora debe cumplir con esta obligación y ubicar los medidores en zonas de fácil acceso externo. En caso de incumplimiento, el usuario puede presentar reclamaciones y denuncias ante la SSPD, que realiza visitas técnicas y puede imponer sanciones a la empresa. Las facturaciones estimadas sin fundamento técnico son ilegales. El proceso administrativo incluye reclamación, recurso de reposición y apelación para proteger los derechos del usuario y asegurar la normalización del servicio.