La resolución fija la tarifa de la contribución especial para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en 2025, basada en el 1% de los gastos de funcionamiento. Debido a un déficit presupuestal, se aplica un complemento legal para cubrir el faltante, haciendo que los prestadores de servicios públicos deban pagar esta contribución proporcional a su base gravable. La medida busca garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad efectiva del control y vigilancia sobre los servicios públicos. Se establecen mecanismos de reporte financiero simplificado y fiscalización para asegurar el uso correcto y transparente de los recursos, permitiendo fortalecer la infraestructura, gestión institucional y atención ciudadana.