A través del presente concepto, la CGR indicó que de acuerdo con el marco jurídico constitucional y legal, se puede afirmar que esta Entidad puede ejercer control fiscal en materia ambiental como herramienta para aportar en la solución a problemáticas como la deforestación, entendiendo que la responsabilidad fiscal busca que las entidades públicas o particulares realicen un adecuado manejo de los recursos que se destinan para la protección del ambiente y los recursos naturales, para lograr también una mayor eficiencia en la gestión ambiental. No obstante, para su configuración deberán darse todos los elementos de este tipo de responsabilidad a saber: una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, daño patrimonial al Estado y, nexo causal entre los elementos anteriores.