La Contraloría General de la Republica, ejerce el control fiscal a los recursos públicos destinados a garantizar los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de realizar los análisis e informes correspondientes, que den cuenta de la ejecución y cumplimiento de la política pública de discapacidad. La Entidad indicó que con la expedición de la Resolución OGZ-693-2019, se ordenó adelantar el proceso auditor, tendiente a evaluar la política pública implementada por la entidad sujeto de control fiscal, sobre la garantía de los derechos de las personas en condiciones de discapacidad. Para adelantar el proceso auditor el Máximo Organismo de Control Fiscal, deberá contar con el aporte de la población con discapacidad que labora dentro de la entidad o con los insumos ciudadanos recogidos de los ejercicios de control fiscal participativo, llevados a cabo por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.