orden constitucional y está regido por normas determinadas por el legislador, razón por la cual no es jurídicamente viable que los funcionarios ejecutores apliquen normas diferentes a éste, por consiguiente, no les resultan aplicables otras normas relacionadas con las medidas cautelares generales, como el artículo 64 de la Ley 1579 de 2012.
Orientaciones de la CGR sobre los procesos de jurisdicción coactiva para el cobro de títulos fiscales
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El proceso de jurisdicción coactiva para cobrar los títulos fiscales, cuya competencia fue atribuida a la Contraloría General de la República, las contralorías en sus respectivos órdenes y a la Auditoria General de la República, denominado proceso fiscal de cobro, PFC, es de
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