el Ministerio Público considera que la norma acusada no desborda la libertad de configuración del legislador, pues además que no constituye una regulación arbitraria, argumentando que " El recaudo del tributo demandado se destina para el fortalecimiento de la Rama Judicial, lo cual "no es una materia distante o indiferente para la justicia arbitral", pues "existen relaciones de múltiple naturaleza, reconocidas en la regulación vigente, entre las instituciones y procedimientos de la justicia estatal y el arbitraje"