anteriores desde el momento en que rigen”. “Dado que las modificaciones realizadas por la Ley 2080 de 2021 a las competencias de los distintos órganos judiciales tienen un impacto considerable en la estructura y funcionamiento de la jurisdicción y en la prestación del servicio de administración de justicia, resulta apenas razonable que, en lugar de ordenar su aplicación inmediata -lo cual procede por regla general-, el legislador haya preceptuado un régimen especial de vigencia en esta materia y que, en ese contexto, haya diferido su entrada en vigor un año después de su publicación y dispuesto su aplicación a las demandas que se presenten una vez transcurrido ese lapso” .
