De acuerdo con el concepto de la SDP, “el proceso de legalización urbanística, competencia de la Administración Distrital, reconoce la situación de hecho existente, define las normas urbanísticas que lo han de regir. Igualmente, los actos administrativos mediante los cuales se adoptan las legalizaciones no amparan ningún derecho de propiedad relacionado con la tenencia de la tierra; en consecuencia, sus efectos inciden únicamente en el derecho público, como las acciones de mejoramiento barrial y la legalidad