La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, resolvió un conflicto negativo de competencias administrativas relacionado con un impedimento presentado por un curador urbano en Guadalajara de Buga (Valle del Cauca). En su análisis, la Sala precisó que, aunque la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y la Alcaldía Municipal negaron competencia para conocer del impedimento, corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro, a través del superintendente, resolver esta clase de manifestaciones. La Sala fundamentó su decisión en el artículo 27 de la Ley 1796 de 2016, norma especial que otorga a dicha entidad nacional la función de pronunciarse sobre impedimentos y recusaciones de curadores urbanos. Se destacó que los impedimentos y recusaciones buscan garantizar imparcialidad en la función pública y deben resolverse por la misma autoridad. Así, se confirmó la autonomía de los curadores urbanos y la vigilancia que ejerce la Superintendencia, descartando que el alcalde municipal sea su superior jerárquico para estos fines. La decisión fortalece la coherencia normativa entre leyes y reglamentos para garantizar la transparencia en procedimientos urbanísticos.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado analizó un Convenio Interadministrativo suscrito entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, destinado a ejecutar proyectos financiados por FONSECON, como la adquisición de sistemas aéreos no tripulados SIART y unidades móviles de comando y control. En su estudio, la Sala destacó que el riesgo cambiario, aunque relevante, no fue previsto ni asignado en la planeación del convenio, lo que afectó la ejecución financiera, pero no se consideró un hecho exógeno, extraordinario o imprevisible que exonere responsabilidades. Además, enfatizó la importancia de la adecuada tipificación y asignación de riesgos entre las partes para mantener el equilibrio económico del acuerdo. Finalmente, la Sala concluyó que procede la liquidación bilateral del convenio, estableciendo los términos temporales y condiciones para evitar litigios, resaltando el principio de colaboración interinstitucional en la función pública.
La CREG publicó el documento de Análisis de Impacto Normativo (AIN) 3, que evalúa ex post el esquema de marcación de combustibles líquidos en Colombia. El estudio revisa antecedentes regulatorios, funcionamiento, costos y mecanismos de remuneración del sistema, así como sus resultados en la cadena de combustibles. La iniciativa se desarrolla en el marco de las competencias asignadas por la Resolución 40193 de 2021. La entidad abrió un plazo de 30 días hábiles para recibir comentarios de agentes del sector y demás interesados.
La CREG amplió el plazo para participar en la consulta pública del Proyecto de Resolución CREG 701 122 de 2026. La entidad extendió hasta el 8 de mayo de 2026 el periodo para que ciudadanos y actores del sector presenten comentarios, observaciones y sugerencias. La iniciativa busca establecer el régimen aplicable a las convocatorias públicas de compra y venta de energía eléctrica, así como desarrollar el Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas (SICEP) en su modalidad transaccional. La medida pretende fortalecer la participación y el análisis del proyecto regulatorio.
El Gobierno publicó un proyecto de decreto para crear el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el instrumento INPIMHEL. Estas medidas buscan potenciar la industria nacional mediante aranceles del 0% para componentes desarmados (CKD y SKD) y equipos técnicos iniciales. El proyecto prioriza la descarbonización al facilitar la instalación de plantas de manufactura avanzada en el país. Para acceder a los beneficios, las empresas deben garantizar un 70% de mano de obra nacional e integrar progresivamente componentes locales desde 2027. El Ministerio de Comercio administrará este marco para atraer inversión estratégica y fortalecer la competitividad en movilidad limpia.
El Ministerio de Ambiente actualizó el manual de compensaciones bióticas y sustracción de áreas de reserva forestal. La norma busca fortalecer la recuperación de ecosistemas mediante reglas claras sobre dónde y cómo compensar impactos ambientales residuales. Aplica a proyectos con licencia ambiental, sustracción de reservas y aprovechamiento forestal único. Se priorizan zonas como "Áreas de Vida" y territorios campesinos o étnicos para estas acciones. Un cambio clave es la prohibición de validar bonos de carbono en áreas de compensación durante el término legal de la obligación. Los titulares actuales tienen hasta doce meses para acogerse voluntariamente a este marco, que deroga la regulación de 2018.
Este proyecto reglamenta la ampliación y el cambio de nombre del área protegida ubicada en Acandí, Chocó. El área pasará de 26,232 a 89,260.9 hectáreas, denominándose ahora Santuario de Fauna y Flora Acandí, Playón, Playona, San Francisco y Cabo Tiburón. El objetivo principal es conservar hábitats críticos como arrecifes de coral y pastos marinos, además de proteger especies amenazadas, especialmente las tortugas marinas Caná, Carey, Verde y Caguama. La iniciativa se fundamenta en un esquema de manejo conjunto con los consejos comunitarios COCOMANORTE, COCOMASECO y COCOMASUR, respetando las prácticas ancestrales y la identidad cultural del pueblo negro. Así, se busca garantizar la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos en el Golfo del Darién.
Este proyecto establece los Términos de Referencia (TdR) y criterios diferenciales para el licenciamiento ambiental de la pequeña minería en comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Aplica en sus territorios colectivos y ancestrales bajo contratos de concesión especial. Se basa en el respeto al gobierno propio, saberes tradicionales y diálogo intercultural, buscando equidad y protección ambiental. Incluye un trámite diferencial para la sustracción de áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959. Los consejos comunitarios deben radicar la solicitud con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que cumpla estos lineamientos específicos.
El proyecto de decreto reglamenta las salvaguardas sociales y ambientales para iniciativas de mitigación en el sector USCUSS. Busca garantizar el respeto a los derechos territoriales, autonomía y gobierno propio de pueblos étnicos y campesinos. Define requisitos para el registro en RENARE, exigiendo consulta previa y consentimiento libre e informado según proceda. Establece que la titularidad pertenece a las comunidades, limitando a los aliados técnicos a roles de apoyo sin transferir derechos de propiedad. Implementa el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) para monitorear, reportar y verificar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en todas las fases del proyecto.
El Ministerio de Ambiente lanzó "Alerta por mi ambiente 2026", una iniciativa para impulsar 150 procesos de control social en 16 territorios priorizados de Colombia. Alineada con el Acuerdo de Escazú, la convocatoria busca fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la gestión ambiental. Podrán participar grupos de mínimo cuatro personas, organizaciones sociales, redes campesinas y grupos académicos. Los seleccionados recibirán acompañamiento técnico y apoyo financiero de hasta 10 millones de pesos según su categoría. El programa busca que las comunidades vigilen y gestionen colaborativamente las problemáticas ambientales de sus regiones para promover la sostenibilidad.
