El Ministerio de Trabajo y el de Minas y Energía emitieron una circular conjunta para fortalecer la inspección y control en estaciones de servicio (EDS) que distribuyen combustibles líquidos. La medida busca garantizar condiciones laborales dignas, seguras y decentes, así como el cumplimiento de estándares técnicos y operativos. Se advierte a los distribuidores que deberán responder formalmente a requerimientos, aportando información sobre contratos, afiliaciones a seguridad social y condiciones de trabajo. Las visitas de control identificarán deficiencias operativas y laborales sin que esto implique efectos jurídicos automáticos. Las acciones harán parte de los planes anuales de seguimiento de ambos ministerios.

El proyecto busca desarrollar el artículo 7 del Acuerdo 3 de 2025, que regula las garantías a primer requerimiento o primera demanda irrevocable emitida en Colombia para contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. La norma establece que dichas garantías deben ser emitidas por sociedades colombianas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades o entidades equivalentes, con calificación internacional mínima (AAA o BBB-). Además, requiere la presentación de un Plan Anticipado de Inversiones certificado por el Revisor Fiscal y un cronograma de actividades para verificar la capacidad jurídica, financiera, legal y comercial de la sociedad garante. La regulación busca fortalecer la seguridad en el cumplimiento contractual, garantizando la sostenibilidad del sector hidrocarburífero en un marco de transición energética justa, alineándose con el marco legal colombiano, incluyendo la Ley 80 de 1993 y el Decreto 714 de 2012. Esta normativa es esencial para mantener la transparencia, responsabilidad y protección del Estado en las operaciones de exploración y explotación.

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El Proyecto de Ley 004 de 2025 tiene como objetivo principal prohibir la exploración, explotación y producción de hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales, en la Región y el Bioma Amazónico Colombiano. Busca proteger su función ecosistémica, preservar la biodiversidad, salvaguardar los derechos de las comunidades locales y futuras generaciones, prevenir conflictos socioambientales y contribuir al cumplimiento de compromisos climáticos del Estado colombiano. La iniciativa propone una transición ordenada para los contratos vigentes, sin posibilidad de renovación ni ampliación, y respalda la vocación ecológica de la región, alineada con normas constitucionales, jurisprudencia ambiental, acuerdos internacionales y modelos de desarrollo sostenible. Además, reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos y patrimonio ambiental estratégico global.

El proyecto de ley busca garantizar el derecho fundamental de participación ciudadana en proyectos de exploración, explotación y producción de recursos naturales no renovables, promoviendo espacios efectivos para que las comunidades afectadas puedan incidir en las decisiones que impactan sus territorios. Establece mecanismos participativos que aseguran acceso a información clara, permanente y suficiente, fomentan el diálogo, la comunicación y la confianza entre las partes, respetan los derechos humanos y adoptan un enfoque territorial diferencial y gradual según la etapa del proyecto. Asimismo, busca fortalecer la autonomía territorial mediante la coordinación entre entidades nacionales y territoriales, en cumplimiento de los principios de concurrencia, subsidiariedad y sostenibilidad ambiental, enriqueciendo la toma de decisiones ambientales con visiones plurales y aumentando la seguridad jurídica para las partes involucradas.

el Ministerio de Minas y Energía en colaboración con el Ministerio del Trabajo, intensifica el control técnico y laboral en estaciones de servicio minoristas de combustibles líquidos. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de estrictos estándares operativos, técnicos y de seguridad, asegurando condiciones laborales dignas y seguras para los trabajadores. Se realizarán inspecciones nacionales verificando capacitación, uso de equipos de protección, protocolos contra incendios y emergencias. Los hallazgos técnicos servirán para identificar posibles incumplimientos laborales, activando acciones administrativas para formalización contractual, respeto de derechos y afiliación a la seguridad social. Los distribuidores minoristas deben responder en máximo diez días hábiles con información detallada sobre su personal y condiciones laborales.