El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda e acción popular presentada contra el Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) por la omisión en la gestión y financiación del proyecto Variante San Francisco–Mocoa, única vía terrestre que conecta el Putumayo con el interior del país. La acción busca proteger derechos colectivos, enfatizando la vulneración del goce de un ambiente sano debido a la prolongada ejecución de la obra y el mantenimiento indefinido de una ruta con condiciones técnicas deficientes que generan impactos ambientales negativos, como la erosión, el derrame de hidrocarburos y la afectación de ecosistemas frágiles, manteniendo una amenaza estructural e inminente para la población y el entorno.