El Gobierno estableció, mediante decreto, directrices para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, reconocida como área de interés ecológico nacional, conforme a la Ley 99 de 1993. Busca garantizar la integridad ecológica de la región, impulsando la transición y resiliencia territorial frente al rápido deterioro ambiental causado por la urbanización desbordada, que ha provocado pérdida de biodiversidad, alteración del ciclo del agua y fragmentación de paisajes. Además, el decreto pretende fortalecer la adaptación climática, ordenar el territorio priorizando el recurso hídrico y promover la sostenibilidad de las actividades productivas, culturales y sociales. Estas directrices buscan armonizar la autonomía territorial de los municipios con la necesidad de una protección especial de este patrimonio nacional, reforzando las acciones de las autoridades para evitar daños irreparables y guiar la adaptación de la Sabana. DECRETO 545-2026 Descargar texto

La ANM precisó que la disposición final del estaño, casiterita y cuarzo debe realizarse según la legalidad de su origen, siendo ilegal la extracción sujeta a decomisos y medidas correctivas. El manejo del mercurio, prohibido en actividades mineras conforme a la Ley 1658 de 2013 y al Convenio de Minamata, está bajo competencia exclusiva de las autoridades ambientales, que deben supervisar su transporte, almacenamiento y disposición final como residuo peligroso. La minería de subsistencia se define por extracción manual, sin maquinaria, y su evaluación debe ser caso por caso. La ANM enfatiza que los conceptos emitidos tienen carácter orientativo y no vinculante, quedando a cargo de las autoridades ambientales y de policía el seguimiento y control de actividades relacionadas.

Descargar texto

 A través de este acto el ministerio de Ambiente sustituyó la Resolución 0941 de 2009, creando el Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR) y adoptando el Registro Único Ambiental (RUA) para los sectores productivos. Este nuevo marco integra el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y el Reporte Obligatorio de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (ROE), facilitando la gestión de información sobre el uso de recursos, emisiones y residuos. Los sectores manufactureros comenzarán a reportar en el RUA en 2025 (con datos de 2024), mientras que los demás sectores lo harán en 2026 (con datos de 2025). El IDEAM será el encargado de validar la información y asegurar su publicación anual y acceso público. Las resoluciones 1023 de 2010 y 1362 de 2007 seguirán vigentes hasta finales de 2024 y 2025, respectivamente. MinAmbiente resolución 839-2023 Descargar texto

La Corte Constitucional reúne hoy 17 de abril de 2026 en Barichara, Santander, una nueva jornada de los Diálogos Constitucionales, centrada en el derecho al agua potable, sus retos territoriales y los aportes desde el derecho internacional. El encuentro tiene como objetivo generar un espacio académico de reflexión sobre la protección del agua como derecho fundamental, abordando su construcción normativa, la prestación de servicios públicos y los desafíos ambientales e industriales en contextos locales y globales. La jornada se desarrolla en tres paneles temáticos y contará con una agenda académica estructurada, ya disponible. Participarán expertos nacionales e internacionales, entre ellos la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, el relator de la ONU Pedro Arrojo Agudo, académicos como María Carolina Olarte y Ramiro Ávila Santamaría, así como representantes institucionales y del sector ambiental, incluyendo a Natasha Avendaño García y Manuel Rodríguez Becerra. Descargue:  Comunicado de prensa / Agenda

El Ministerio de Minas definió las reglas generales para la implementación de mecanismos de contratación a largo plazo de energía eléctrica. La normativa, en línea con el Decreto 1091 de 2025, busca asegurar la prestación eficiente y continua del servicio, fomentando la diversificación de la matriz energética con fuentes convencionales y no convencionales. Establece lineamientos para proyectos de generación, almacenamiento, transmisión y distribución, incentivando la inversión y promoviendo el desarrollo sostenible y la reducción de emisiones. Un aspecto fundamental es la designación de una entidad ejecutora para la administración centralizada de contratos y garantías entre compradores y vendedores, con el objetivo de garantizar un mercado competitivo y transparente, vital para la seguridad y resiliencia del sistema eléctrico nacional.Descargar texto

La CREG detalló las reglas para la subasta de expansión del Cargo por Confiabilidad, convocada mediante la Resolución CREG 101 079 de 2025. El proceso busca asignar Obligaciones de Energía Firme (OEF) para el periodo diciembre 2029 a noviembre 2030. Los proyectos nuevos o con renovación tecnológica deben registrarse en Fase II ante la UPME, siendo tratados como plantas nuevas. Se especifican requisitos de verificación por auditoría del cronograma de construcción. Para las plantas existentes, se aplicará un precio administrado basado en la última subasta. La Comisión también subraya la importancia de la transparencia y la no obstaculización de la competencia por parte de los participantes. Descargar texto

La CREG requirió a los comercializadores que atienden demanda regulada remitir información detallada sobre los contratos de energía para el periodo abril de 2026 a diciembre de 2028. La entidad solicitó reportar la demanda proyectada y cubierta con contratos, los mecanismos de contratación utilizados, el estado de registro ante el ASIC y la estrategia para cubrir la contratación faltante. Los agentes deberán enviar la información antes del 17 de abril, en el formato Excel anexo y con informes que respalden los datos reportados.Descargar texto/Anexo

La CRA iniciará un programa nacional de socialización y acompañamiento para Grandes Prestadores, facilitando la implementación del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado, expedido con la Resolución 1032. Este esfuerzo busca fortalecer la sostenibilidad del sector y mejorar los servicios para más de 30 millones de colombianos. Las jornadas incluyen talleres virtuales (7 al 10 de abril) y presenciales en Bogotá (16, 17, 23 y 24 de abril), segmentados por el número de suscriptores de los prestadores. El objetivo es orientar en la nueva metodología, profundizar aspectos técnicos, promover el diálogo y asegurar una transición ordenada, equilibrando la sostenibilidad financiera con la eficiencia para los usuarios. La CRA también ofrece recursos en su portal web, incluyendo el avatar de IA "Sabia", para apoyar a los prestadores.Descargar texto