“La Contraloría General de la República, en el marco de las funciones constitucionales atribuidas en los artículos 267 y 268 del texto superior y con el fin de articular el control social con el control fiscal que sobre los bienes y recursos públicos pueden ejercer los ciudadanos y
La función de advertencia fue introducida a nuestro ordenamiento jurídico a través del numeral 7 del artículo 5o Decreto Ley 267 del 2000, en el que se contemplaba que la Contraloría podía “advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que
La CGR no se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021, en relación con las notificaciones por estado por vía electrónica, acompañadas del acto administrativo objeto de
“La intervención funcional excepcional regulada en el Decreto Ley 403 de 2020 conserva similitud de características al ser I) excepcional; II) posterior, como lo es el control fiscal ejercido por las contralorías territoriales; III) rogado, por cuanto requiere solicitud de los sujetos
En el marco del Proceso de Responsabilidad Fiscal, para el trámite de las recusaciones, en cuanto a la normatividad aplicable encontramos los artículos 33, 34 y 35 de la Ley 610 del 2000. El Legislador en el artículo 35 de la Ley 610 de 2000, previo dos eventos diferentes en
El pago de Multas y sanciones que efectúan las entidades genera; daño al patrimonio público, en la medida en que produce un menoscabo al erario, pues dicha sanción, multa e intereses moratorios cancelados, pudieron haberse evitado con el cumplimiento de las obligaciones en
“Los dineros que cobra por la expedición de las tarjetas profesionales se asimilan a los gravámenes denominados “tasas”, cuya finalidad se debe circunscribir al cubrimiento de los gastos y las inversiones que permitan el ejercicio de las funciones públicas asignadas. Las tasas
El SIRECI es una herramienta tecnológica a través de la cual los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República, públicos o privados que manejen recursos estatales, deben reportar la información que la misma impone, en los términos y
A través de este concepto la CGR hizo precisiones en cuanto a la calificación legal y solicitud de cancelación del Registro de obras inconclusas. “En el marco de la Ley 2020 de 2020, no existe una diferencia puntual entre una obra contratada y no ejecutada y una obra civil
“El proceso administrativo fiscal de cobro coactivo (PFC) se rige por la norma especial contenida en los artículos 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, así el artículo 94 de. dicha Ley dispone que: “Sólo serán demandadles. ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa las