La Corte Constitucional, en relación con la licencia de paternidad, reafirmó que esta debe aplicarse de manera equitativa para todos los hijos, sin importar su filiación. En las sentencias C-383 de 2012 y C-140 de 2018, se declaró que la exigencia de que la licencia solo fuera válida para hijos nacidos del cónyuge o compañera permanente vulneraba el principio de igualdad. Se argumentó que tal disposición generaba un trato discriminatorio hacia padres de hijos no nacidos de estas uniones, afectando su derecho al cuidado y al interés superior del menor.

En la sentencia, la Corte respaldó la tasa mínima de tributación del 15% establecida por la Ley 2277 de 2022. Argumentó que esta medida busca corregir la erosión de la base gravable, obligando a las empresas a tributar al menos ese porcentaje sobre su utilidad financiera, contribuyendo a una mayor equidad en el sistema tributario.

Se trata del texto de la sentencia de la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “estéticas” del literal c del artículo 6 de la Ley 84 de 1989, justificando que su inclusión como excepción a la presunción de maltrato animal carece de un propósito legítimo y violenta la dignidad y bienestar de los animales. En la sentencia, se argumenta que la mutilación o alteración de partes de animales con fines estéticos no solo constituye un acto de crueldad, sino que también ignora el reconocimiento de los animales como seres sintientes con derechos inherentes a su bienestar. Se destaca que esta práctica puede acarrear dolor y alterar las capacidades comunicativas de los animales, comprometiendo su interacción social. Además, se señala que la normativa vigente se debe interpretar en consonancia con los principios de protección constitucional, donde se debe priorizar la dignidad y bienestar animal, rechazando visiones utilitaristas que las consideren meros objetos. Por último, la Corte reitera que este tipo de intervenciones no son compatibles con las tendencias modernas hacia el respeto y protección legal de los animales, alineándose así con estándares internacionales emergentes que prohíben tales procedimientos.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por fraude a los procesados que inscribieron el "Manual de Registro del Estado Civil de las Personas" en el año 2006, utilizando un certificado de autoría que contenía un 36.1% de plagio de otra obra. Este acto fue considerado un intento de obtener ventajas indebidas en un concurso público para el nombramiento de notarios. En su análisis, la Corte evaluó la existencia de la conducta punible y la responsabilidad de los procesados, destacando que la acción penal no había prescrito al momento de la sentencia, ya que esta fue emitida el 22 de junio de 2018, antes de que venciera el plazo de prescripción. La Corte evidenció que los procesados presentaron un certificado de inscripción de derechos de autor que contenía un porcentaje significativo de plagio, lo que llevó a la Alta Corte a considerar que su conducta constituía fraude procesal. La inscripción de derechos de autor debe realizarse de manera ética y legal, respetando la originalidad de las obras y evitando la apropiación indebida de la creación de otros.

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Texto de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró exequible la disposición que impone una sobretarifa del impuesto sobre la renta a las empresas dedicadas a la extracción de petróleo crudo, argumentando que esta medida se fundamenta en la capacidad contributiva de dichas empresas, la cual se ve afectada por la variación de los precios internacionales del crudo. La Corte destacó que la sobretarifa no se basa en la renta líquida de los contribuyentes, sino en un factor externo, lo que permite una mayor equidad tributaria. Además, se consideró que la medida es progresiva, ya que la tarifa adicional varía en función de los precios del petróleo, garantizando que las empresas contribuyan de manera justa en períodos de altos precios. La Corte también subrayó que esta imposición no constituye un nuevo impuesto, sino un ajuste a la tarifa existente, lo que refuerza la justicia fiscal y la capacidad económica de los obligados a pagar la sobretarifa.

Se trata del fallo de la Corte en el que estudió la demanda contra los incisos 2 y 6 del artículo 50, el artículo 51 y el inciso 1º del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013. El demandante argumentó que estas disposiciones vulneraban el derecho a la vivienda digna, al permitir que los acreedores con garantía real obtengan un pago preferente en procesos de reorganización y liquidación, lo que podría perjudicar a los promitentes compradores de vivienda. La Corte, sin embargo, se declaró inhibida para pronunciarse de fondo, argumentando que la demanda carecía de sustento suficiente y que el legislador no había desprotegido a los promitentes compradores. Se destacó que la seguridad de la tenencia no se limita al derecho de propiedad, y que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la vivienda digna, independientemente de la situación de propiedad de los individuos.

La Corte Constitucional analizó la expresión "en primer grado de consanguinidad" en el artículo 24 de la Ley 2121 de 2021, que limitaba la flexibilidad horaria para trabajadores remotos a aquellos que cuidaban a familiares directos. La Corte consideró que esta limitación generaba una exclusión injustificada de otros familiares que también requieren cuidado, como niños, personas con discapacidad y adultos mayores, sin importar el grado de parentesco. Se argumentó que el derecho al cuidado es fundamental y debe ser garantizado en el ámbito laboral, promoviendo la conciliación entre la vida personal y el trabajo. La Corte concluyó que la disposición incurrió en una omisión legislativa relativa, al no reconocer situaciones análogas de trabajadores con responsabilidades familiares. Por lo tanto, se declaró inexequible la expresión cuestionada, ampliando así el alcance de los derechos laborales en el contexto del cuidado familiar, sin restringirlo a la consanguinidad en primer grado.

La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de los incisos 2, 5 y 7 del artículo 23 de la Ley 1561 de 2012, que establecían la nulidad de pleno derecho de actuaciones judiciales realizadas después del vencimiento de un plazo para que el juez civil municipal adoptara una decisión. La Corte decidió declarar la inexequibilidad de estas disposiciones, argumentando que, aunque buscaban un proceso célere para el acceso a la tierra, vulneraban los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La Corte destacó que la remisión automática de los casos a otro juez, junto con la nulidad de pleno derecho, podría llevar a decisiones apresuradas y a un análisis superficial de los hechos y pruebas, lo que afectaría negativamente a los campesinos, quienes son sujetos de especial protección. Así, la Corte reafirmó la necesidad de un equilibrio entre la celeridad procesal y la garantía de derechos fundamentales en el contexto judicial.

La Corte Constitucional estableció que los estudios de impacto ambiental deben incluir una evaluación de los efectos del cambio climático. Esta decisión responde a la creciente preocupación por el impacto del cambio climático en los ecosistemas y la salud pública, reconociendo que este fenómeno afecta el derecho a un ambiente sano. La Corte critica la omisión del cambio climático en las evaluaciones ambientales, argumentando que esto limita la capacidad de las autoridades para tomar decisiones informadas sobre proyectos que podrían causar daños significativos. Además, se enfatiza que la inclusión de esta evaluación no representa una carga desproporcionada para los solicitantes de licencias ambientales, sino una necesidad urgente para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. La sentencia subraya la responsabilidad del Estado y del sector privado en la protección del medio ambiente y la promoción de un desarrollo sostenible.

La providencia precisa que para que una demanda de inconstitucionalidad por vulneración del principio de equidad tributaria sea considerada válida, se requiere cumplir ciertos requisitos en la carga argumentativa. Estos son:  Definición de los sujetos o situaciones objeto de comparación: Es necesario identificar claramente quiénes son los sujetos que se están comparando en relación con la norma acusada. Identificación de la distinción de trato: Se debe señalar de manera precisa cuál es la distinción de trato que se considera injustificada o discriminatoria en la norma. Exposición de las razones por las que se considera que la distinción de trato vulnera la Constitución y carece de justificación: Los demandantes deben presentar argumentos específicos que demuestren cómo y por qué la distinción de trato es inconstitucional, evitando argumentos generales o vagos que no permitan establecer la violación del principio de equidad horizontal , .

Además, es fundamental que los demandantes consideren las finalidades de la medida acusada y las características de los bienes o situaciones que justifican la distinción, ya que la falta de consideración de estos aspectos puede llevar a la desestimación de la demanda por incumplimiento de los requisitos de pertinencia, especificidad y suficiencia.