Sección 3 (1912)
A través de un auto, con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, la sección Tercera del Consejo de Estado indicó que “la declaración de parte y el testimonio son especies del género probatorio denominado declaración. Difieren en cuanto a la calidad de la persona
“Se trata de una entidad pública que intervino en el contrato sometido a juicio en el proceso arbitral, siguiendo así el presupuesto de competencia previsto en el artículo 46, inciso tercero, de la Ley 1563 de 2012. La Ley 1563 del 12 julio de 2012 es el marco legal aplicable para
“Contrario a lo afirmado por los demandantes, la existencia de un visto bueno de la interventoría para la cuarta prórroga del contrato no implicaba que la entidad estuviera obligada a suscribirla. La entidad señaló que la prórroga no se suscribió porque los distintos
Para la Sala, “queda en evidencia que el incumplimiento que desencadenó la expedición de los actos administrativos demandados derivó de la no reactivación de la ejecución del contrato luego de una suspensión y que ello debía tener lugar el 4 de agosto de 2009, mientras que la
“El artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, dispone que esta rige a partir de su publicación y que sólo los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en
“El Procurador 182 Judicial delegado para asuntos administrativos […], afirmó en la demanda, que el contrato […] adolece de nulidad absoluta, de conformidad con el literal d) artículo 3 de la ley 617 de 2000, que establece la prohibición de utilizar los recursos provenientes de
Entre las partes se suscribió un contrato de concesión para la prestación del servicio público de aseo por un plazo de 20 años y luego lo prorrogaron por 13 años adicionales; el ente territorial demanda la nulidad absoluta del contrato por considerar que el término máximo por el
El Consejo de Estado negó demanda por indebida escogencia de la acción, que buscaba la causación de un daño especial a partir de la expedición de un acuerdo de Cali a través de la cual se produjo un cambio del uso del suelo de la zona donde se encuentran ubicados tres
La Sala advirtió que la parte actora demandó la nulidad del acta de liquidación unilateral del 26 de noviembre de 2012 cuando ya había operado la caducidad de esa pretensión lo cual obliga a revocar la sentencia apelada para declarar de oficio la caducidad del medio de control
Respecto del incumplimiento en la constitución de las garantías, el demandado afirmó que se trataba de una obligación de imposible cumplimiento, pues fueron las aseguradoras quienes se negaron a expedir las pólizas respectivas. (…) “si bien es cierto las aseguradoras se