Sección 3 (1913)
El Consejo de Estado resolvió un recurso de apelación interpuesto por la ANM contra una sentencia proferida por la Sección Tercera del Tribunal de Cundinamarca, que dispuso declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito de un Contrato de Concesión para la exploración y
El Consejo de Estado señala que las diferencias interpretativas que puedan existir entre un demandante y el juez natural de una causa no constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario. Es decir, que la presentación
La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación por el funcionamiento defectuoso de la administración de justicia en que incurrió el Estado al no velar por el cumplimiento efectivo de los deberes de custodia, cuidado y
A juicio de la sociedad demandante, EBSA le debió adjudicar el contrato porque su oferta era la más favorable. Sin embargo, el contrato fue adjudicado a la sociedad Líder Seguridad Ltda, no al actor. En los procesos de responsabilidad patrimonial por parte del Estado ante un
Acuatodos S.A. E.S.P., parte recurrente, muestra su inconformidad frente a las razones que llevaron al Tribunal de Arbitramento a desestimar la pretensión de liquidación de un contrato de interventoría; tanto así que cuestionó la motivación jurídica y probatoria que realizaron
La Sala reiteró y explicó por qué con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, se derogó el Decreto-Ley 222 de 1983, que otorgaba a las entidades estatales la competencia para declarar incumplimiento de manera unilateral. “El artículo 17 de la Ley 1150 de 16 de julio de
La Sala precisó que ni la presentación de una solicitud de legalización de minería de hecho, ni la emisión de un concepto técnico que considera una franja de terreno objeto de una de esas solicitudes como área libre susceptible de ser otorgada, comportan de forma alguna el
Sobre la imposición de cláusulas penales de apremio o multas en contratos regidos por Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, han coexistido dos posiciones en la jurisprudencia administrativa colombiana. “En el 2005, consideró esta Sección que la
El procedimiento de clarificación de la propiedad adelantado por el Incoder sobre el predio El Tablón se ajustó a las reglas contenidas en el Decreto 2663 de 1994, puesto que se cumplieron los presupuestos de la etapa previa -en la que correspondía obtener la documentación del
Se discutió la demanda de nulidad de unos actos proferidos por la Alcaldía Local de Antonio Nariño del Distrito Capital de Bogotá, mediante los cuales se declaró la caducidad de un contrato de concesión, lo mismo que el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por cuenta