en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. El Consejo de Estado remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Cesar, teniendo en cuenta que la cuantía del proceso excede de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales, que el domicilio de la actora es en la ciudad de Valledupar y que la entidad demandada tiene sede en la misma.