Esta providencia confirmó decisión del Tribunal Administrativo del Casanare que ordenó remitir copias de dicha providencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, al advertir la existencia de una serie de irregularidades presuntamente constitutivas de delitos y faltas disciplinarias no solo por las inconsistencias en las respuestas dadas por la Contraloría Departamental de Casanare
sobre la existencia de los procesos de responsabilidad fiscal que cursaban en dicho ente de control en contra de la acusada, sino además, porque se omitió incluir el proceso de responsabilidad fiscal que se encontraba vigente y respecto del cual la señora Diputada había sido notificada personalmente.
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