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La Corte Constitucional la declaró la exequibilidad de algunas expresiones demandadas del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, en la que se atribuye la competencia al gobierno para expedir pliegos de condiciones para la selección de contratistas.
La Sala encontró que la norma no vulnera la autonomía de entes territoriales en cuanto a que la estandarización se predica únicamente de los requisitos habilitantes y los criterios de escogencia, elementos propios del procedimiento de selección de contratistas.
