La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2288 de 2023, que aprobaba el "Convenio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica sobre Asistencia Judicial en Materia Penal". En su análisis, la Corte constató que, aunque el Estado colombiano estuvo debidamente representado en la negociación del convenio, es crucial que el Gobierno presente un análisis de impacto fiscal al Congreso, conforme a lo estipulado en la Ley 819 de 2003. Además, la Corte determinó que no era necesaria una consulta previa, ya que el convenio no afecta directamente a las comunidades con derecho a dicha consulta. La Corte subrayó la importancia de la cooperación judicial en la lucha contra la criminalidad y la garantía de derechos fundamentales, como el acceso a la justicia y la protección de las víctimas. Esta decisión resalta la necesidad de cumplir con los procedimientos legislativos establecidos para los tratados internacionales, lo que podría tener repercusiones en futuras iniciativas de cooperación judicial.