El marco normativo preexistente, se aplicaba exclusivamente a delitos de alta gravedad, tales como, el sicariato, la pornografía infantil, el genocidio, el tráfico ilícito de drogas, entre otras; con esta reforma (Decreto Legislativo 1607-2023), se puede utilizar dicho marco reforzado de investigación a los delitos contra el derecho de autor y los derechos conexos. La ventaja es obtener la facultad de levantamiento de reservas y secretos tales como el bancario, bursátil, de comunicaciones, así como poder incrementar las sanciones penales por concurso de delitos por la pertenencia a una organización criminal. Esta norma eleva el nivel de observancia en materia de Propiedad intelectual en el país.