proteger al núcleo familiar de los actos de disposición del familiar propietario y, si bien el cónyuge de la accionante se encuentra privado de la libertad, esto no implica que haya dejado de pertenecer a la familia. “La accionante adquirió la obligación 10 años después de la constitución del gravamen de afectación de vivienda familiar, por lo que es forzoso concluir que el acreedor conocía o debería conocer sobre la existencia de dicho gravamen al momento de suscribir la obligación”, expuso la Sala.